A tan sólo 18 días de la asunción del nuevo gobierno, la CGT decidió romper lanzas con la presidencia de Javier Milei. Anunció un paro de actividades con movilización para el próximo 24 de enero, en rechazo a la serie de medidas tomadas por las autoridades que afectan los intereses de los sindicalistas. Rechazaron el DNU que desreguló la economía, pero también el contenido de la “ley ómnibus” que buscó abrir la economía, reducir el peso del Estado y aplicar cambios en la vida cotidiana.
La medida de fuerza extrema se tomó luego de la reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales, desde los más dialoguistas a los más opositores. Y expuso una decisión que contrasta con lo que ocurrió con los últimos cuatro años, donde no hubo ni un solo día de huelga, pese al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.
En la reunión del Confederal, el paro nacional con movilización -que empezará a las 12 y concluirá a la medianoche del 24- sorprendió porque el propio Pablo Moyano, antes de llegar al encuentro había dicho que no tenía sentido hacer una protesta en medio de las vacaciones. “Hay que instalar un plan de lucha. En enero y febrero los laburantes se toman vacaciones. Entonces tomar una medida en ese momento no tiene mucho valor. Pero sí ir movilizando con actos, plenarios, en las regionales del interior, y que en cada provincia visiten a sus diputados y senadores para que después no voten leyes contra los derechos de los trabajadores”.
Según lo que trascendió de lo que ocurrió en la sede de la Confederación General del Trabajo los sindicalistas decidieron reclamar a la política, sobre todo a los sectores que no pertenecen a La Libertad Avanza, como el peronismo, los partidos provinciales, un sector del PRO y del radicalismo, “que actúen en favor de los trabajadores y de la sociedad, que es donde pasa el 100% del ajuste”.
Lo cierto es que la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el que se experimentó un grave retroceso en el poder adquisitivo de los salarios -sobre todo los de menor calificación- aumentó la pobreza, creció la indigencia y la inflación hizo estragos en los sueldos, la central obrera se mantuvo aliada al gobierno peronista.
Lo concreto es que en el DNU que Milei firmó para desregular la economía se aplicaron fuertes reformas al sistema de obras sociales sindicales, primero equiparando a la medicina prepaga y luego retirando la mediación obligatoria que había hasta ahora para contratar una cobertura de operadores privados. Eso más la limitación de los aportes sindicales obligatorios pusieron a la CGT en la vereda de enfrente del gobierno nacional.
CUANDO SUCEDERÁ ESO EN EL SALVADOR????