En la ciudad mexicana de Tijuana, unos narcotraficantes han emprendido una cacería contra un grupo de policías involucrado en el robo de un gran cargamento de drogas de un almacén propiedad de los delincuentes, ocurrido el mes pasado.
De acuerdo con el semanario local Zeta, dos agentes sospechosos de haber participado en el hurto han sido asesinados. Sin embargo, un exjefe de Policía, citado por la agencia de noticias Associated Press (AP), asegura que habrían muertos al menos tres más luego de que la organización ilícita lanzara una represalia generalizada.
La investigación apunta a que varios uniformados, entre policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y agentes vestidos de civil, se habrían hecho con varios cientos de kilos de cocaína propiedad de Alfonso Arzate García, alias ‘El Aquiles’, cabecilla de una facción del Cártel de Sinaloa, que dirige Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
En imágenes registradas por una cámara de seguridad se ve cómo los involucrados salen en varias camionetas oficiales cargadas con decenas de bolsas negras, cuyo contenido no se aprecia. Si bien las autoridades no han podido determinar del todo ni las cantidades ni el tipo de droga, se presume que fueron alrededor de 500 kilos de cocaína.
Un día después del robo, perpetrado el 17 de noviembre en el fraccionamiento El Lago, hombres armados balearon la fachada de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana. Casi una semana después, el día 24, se reportó otra balacera contra una unidad de investigación, en la que no hubo lesionados. Al cabo de una hora, en esa misma jornada, un policía municipal, al parecer vinculado al atraco, fue asesinado a tiros.
Posteriormente, el 27 de noviembre, un agente ministerial, suspendido a raíz de una investigación por el robo, fue acribillado en su coche. Este y los demás agentes que presuntamente participaron en la extracción de la droga fueron delatados por sus compañeros ante las Fiscalías Estatal y Federal.
Un empleado de la Fiscalía Estatal, que habló con AP bajo condición de anonimato, confirmó esta semana la muerte de los dos agentes investigados, detallando que uno de ellos había rechazado una oferta para el programa de protección de testigos a cambio de testificar en el caso. A finales de noviembre, la fiscal general de Baja California, Elena Andrade Ramírez, había informado de la suspensión de al menos tres agentes en el marco del caso, a quienes se les había ofrecido protección, pero se negaron a aceptarla.
