El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves que su oficina ha emitido una orden de captura con una alerta roja a Interpol en contra del líder opositor Juan Guaidó, bajo acusaciones de traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
El procedimiento de la Fiscalía, controlada por el chavismo, se basa en una información comentada en las redes sociales que recoge un pronunciamiento de la Corte de Delaware, en el cual se afirma que Guaidó usó dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de su filial Citgo, para financiar sus proyectos personales y políticos. De acuerdo con lo comentado por el economista Francisco Rodríguez, esta operación pudo ocasionar pérdidas por “19 millones de dólares” y colar a la nación en riesgo de perder Citgo, la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, propiedad del Estado venezolano, que es actualmente motivo de un litigio en suelo estadounidense.
Guaidó, y el cargo paralelo que nombró como gestor de PDVSA, Horacio Medina, han desmentido a Rodríguez. Argumentan que el monto en peligro y el acoso legal contra Citgo son consecuencia de los procedimientos empleados desde la época de Hugo Chávez en contra la empresa canadiense Cryslatex al expropiar sus activos en Venezuela diez años atrás. Afirman que todos los movimientos de Citgo y PDVSA han sido auditados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros(OFAC, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Estados Unidos –que mantiene su apoyo a Guaidó- y resaltan la buena salud financiera de la compañía controlada por la oposición en el exilio.
Saab —como también Nicolás Maduro y Diosdado Cabello— ya ha hecho varios pronunciamientos similares de acusaciones judiciales en contra de Guaidó, incluso cuando este todavía estaba en Venezuela. El pronunciamiento del tribunal de Delaware le sirve a Saab para volver a pedir un alerta de Interpol, que también ha sido solicitada en otras ocasiones contra otros activistas venezolanos enfrentados al chavismo, sin respuesta de la red policial internacional. El opositor lleva unos meses exiliado en Miami y acaba de recibir una oferta de la Universidad Internacional de Florida como profesor invitado.
El economista Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, la voz que abrió la polémica con la noticia, es un académico que tiene tiempo planteando un acuerdo para levantarle a Venezuela las sanciones internacionales, y ha sido un reiterado crítico de Guaidó, de Leopoldo López, del llamado gobierno Interino y de la estrategia opositora para salvar a Citgo.
En su cuenta, justificando sus críticas, ha expresado: “Dado que dos cortes de Estados Unidos han confirmado que decisiones de funcionarios del gobierno interino hicieron posible la emisión de órdenes de embargo por 10 millardos contra Citgo, sostengo que la Asamblea Nacional debe abrir una investigación para aclarar la razón de estas decisiones”.
Guaidó ha afirmado, para responder a Rodríguez, que “la emisión ilegal de bonos, expropiaciones e hipotecas al país –en tiempos de Chávez- ocasionaron las pérdidas a la nación”, haciendo además alusión a los desfalcos del antiguo ministro del Petróleo Tareck El Aissami, y prometió ampliar su defensa en una comparecencia en las redes sociales.
El jurista Juan Ignacio Hernández, que ejerció como contralor en el equipo de Guaidó —muy enfrentado a Rodríguez en lo personal—, lo ha señalado reiteradamente por tener intereses personales en el litigio de Citgo y por fomentar acusaciones deliberadamente tendenciosas en estos temas. Al saber del anuncio de Saab, ha expresado en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter): “Anne Applebaum dice que los autoritarismos requieren de falsos intelectuales para justificar su proceder. Quienes manipulan hechos con barniz técnico para impulsar delitos de persecución, debe ser también responsables, incluso, frente a la Corte Penal Internacional.”
