El Congreso de Costa Rica , incluida la bancada oficialista, aprobó este jueves una moción en la que pide al Gobierno declarar emergencia nacional por la situación de inseguridad que se refleja en la mayor cantidad de homicidios en la historia del país.
La moción fue aprobada por 44 congresistas presentes en el Plenario este jueves, en una jornada que ha estado marcada por el asesinato a balazos de un agente del Organismos de Investigación Judicial (OIJ) mientras se encontraba realizando una operación de vigilancia encubierta.
«Ya es hora de que el Ejecutivo cumpla con un plan de acción concreto ante la problemática que tenemos de inseguridad», afirmó el diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana , Horacio Alvarado, cuya bancada fue la que promovió la moción.
El pasado 22 de septiembre, Costa Rica alcanzó los 655 homicidios, cifra que superó a la de todo 2022 (654 homicidios), que era la mayor cantidad en la historia del país con una tasa de 12,6 por 100.000 habitantes.
Los datos indican que, al 22 de septiembre de 2022, se contabilizaron 448 homicidios, lo que significa que en 2023 ha habido un incremento del 46,2 %.
Las autoridades atribuyen la mayoría de los homicidios a la disputa por territorios entre bandas narcotraficantes y proyectan que para el cierre de 2023 la cifra superará los 800 homicidios.
Las alarmas entre las autoridades se encendieron aún más este jueves luego de que la noche del 4 de octubre fuera asesinado el agente del OIJ Géiner Gómez mientras realizaba un trabajo de vigilancia encubierta en la localidad de Tirrases de Curridabat, en el sector este de San José.
Por este hecho fueron detenidos dos hombres de 17 y 21 años como sospechosos de disparar desde una motocicleta y asesinar al agente judicial y dejar herido de gravedad a otro.
Este crimen generó la reacción del director del OIJ, Randall Zúñiga, y del fiscal general, Carlo Díaz, quienes pidieron más recursos económicos y humanos para hacer frente a la ola de criminalidad.
«El tema es grave, terrible. Debemos hacer algo para cambiar las condiciones. No puede ser que se estén normalizando situaciones como estas», declaró Zúñiga, quien exigió «una directriz clara en el sentido de ayudar a los cuerpos policiales».
Costa Rica, país que desde 1948 no tiene Ejército, encarga su seguridad a las fuerzas policiales. El pasado 3 de octubre hubo una reunión entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y altas autoridades judiciales con el fin de analizar la situación, pero no se anunció ningún acuerdo en concreto.
