El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sufrió un revés judicial este miércoles luego que la Corte Suprema rechazara su recurso de ampara contra la fiscal general y un juez que ordenaron allanar un centro de votación y revisar las cajas con las papeletas de las elecciones de junio.
“Por mayoría la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no decretar” el recurso de amparo presentado por Arévalo el 13 de septiembre, al considerar que se cometieron violaciones a la ley electoral, dijo el letrado del alto tribunal, Leonel Marroquín, al informar las resoluciones del tribunal.
Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, presentaron dicho amparo acompañados por decenas de guatemaltecos que se sumaron al llamado de las autoridades entrantes para unirse a las acciones en defensa en la democracia.
El presidente electo afirmó entonces que “las distintas acciones que estamos llevando a cabo están establecidas en la ley y nosotros estamos recurriendo a la ley para defender los derechos que nos asisten a nosotros, pero sobre todo al pueblo de Guatemala”.
El recurso, interpuesto contra la fiscal general, Consuelo Porras; el juez Fredy Orellana; y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos, forman parte de las acciones legales con las que Arévalo busca proteger los resultados de las elecciones y frenar lo que considera un plan de “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
Desde que el Movimiento Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes -en comparación con lo que auguraban los sondeos- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
Sin “solución a la crisis”
Con este recurso Arévalo buscaba “garantizar la pureza del proceso electoral, proteger la declaración de resultados, especialmente proteger el material electoral”, afirmó el jurista Edie Cux, director de la ONG Acción Ciudadana, de Transparencia Internacional.
Cux consideró que con la denegatoria del amparo “la Corte Suprema no garantiza los derechos vulnerados, no da solución ni certeza jurídica de la protección de los derechos constitucionales del voto y resultados electorales”.
La Corte “evade la responsabilidad de continuar con el trámite, no da una solución a toda la crisis que se está generando por esa violación que ha cometido el Ministerio Público al vulnerar el material electoral”, puntualizó.
Por tercer día consecutivo, indígenas bloquearon este miércoles varias rutas de Guatemala para exigir la renuncia de Porras, a quien acusan de liderar el supuesto golpe de Estado.
Los bloqueos iniciaron el lunes luego de que fueron allanadas la sede del tribunal electoral para secuestrar actas de los comicios.
“Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta”, afirmó el martes Arévalo durante un foro no partidista en el Wilson Center, en Washington.
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales advirtieron que se está atentando contra la democracia y la gobernabilidad de Guatemala.
