El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, recibió las declaraciones de testigos con los que la Fiscalía General de la República pretende probar los delitos que se les acusan, para la exprimera dama Vanda Pignato que incurrió en simulación de delito, y en el caso de Miguel Antonio Menéndez Avelar, “Mecafé”, por haber evadido impuestos.
En el caso de Vanda Pignato, se le acusa de haber falsificado su firma para la compraventa de un vehículo. Además, mencionaron que el 10 de noviembre de 2016, la exesposa de Mauricio Funes, interpuso una denuncia asegurando que le habían falsificado unas firmas en la compraventa de un vehículo Lexus-Lx570, manifestando que ella nunca lo había comprado ni vendido.
Solicitó que investigaran quienes habían utilizado su firma para ese trámite, pero en las pesquisas la Fiscalía descubrió que no hubo ninguna falsificación porque la firma encontrada en los documentos es de Pignato y lo que quiso fue ocultar ese trámite.
El vehículo se lo había vendido Mecafé por $60,000, pero resultó sospechoso para la Fiscalía es que en febrero de 2010, el empresario lo había comprado por $100,000; lejos de ganar le perdió $40,000
Para probar esa simulación de delito la representación fiscal llevó a declarar a dos abogadas y notarias quienes confirmaron la elaboración de la compraventa a favor de Vanda Pignato, así como una tramitadora quien manifestó que hizo las gestiones para el traspaso.
En el caso de «Mecafé», los fiscales de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses de Estado llevaron a declarar a un auditor del Ministerio de Hacienda a quien le asignaron investigar la evasión de impuestos atribuida al empresario y amigo del expresidente prófugo Mauricio Funes.
Confirmó que al examinar el caso encontró información de que Menéndez Avelar durante el periodo 2014-2015 incorporó información falsa en su declaración de renta.
Con esa auditoría la Fiscalía determinó que incurrió en una evasión de impuesto de $227,537.48. Por ese delito, si llega a ser encontrado culpable puede ser condenado a un pena de seis a ocho años de cárcel.
