El Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos ( GIEI ) presentó este martes (25.07.2023) su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, titulado » Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes».
El GIEI, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), concluye sus trabajos sobre el caso con este extenso informe ante la imposibilidad de avanzar más por la opacidad de las autoridades -principalmente las Fuerzas Armadas de México- y presentando datos que atestiguan todavía más, si cabe, la necesidad de que no se abandone el caso.
El documento contiene datos que ya habían sido relevantes anteriormente en alguno de los informes presentados por el GIEI -el primero, el 6 de septiembre de 2015-, pero también otros de los que no se habían tenido conocimiento previo.
Los hallazgos del sexto informe
Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, los dos últimos miembros del GIEI, aseguraron en conferencia de prensa que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue mayor de lo que sus miembros reportaron en entrevistas.
Agentes de SEDENA utilizaron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre, según pudo establecer el GIEI, gracias a la elaboración de un mapa de localización y aseguraron que hubo comunicación «permanente» y «bidireccional» entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación).
Acreditaron, además, el conocimiento por parte de la SEDENA de los movimientos del grupo delictivo Guerreros Unidos esa noche y los días siguientes ante lo que no actuaron. La información de referencia a la SEDENA ocupa la mayoría de las 322 páginas de este informe.
En cuanto a la Secretaría de Marina (SEMAR), Buitrago y Beristáin detallaron que, aunque no hay información de que interviniera el 26 y 27 de septiembre, «sí lo hizo inmediatamente después».
«Ellos dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, (…) pero sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos», sentenciaron. Añadieron que miembros de la SEMAR realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado, llevando a cabo detenciones y tortura, hechos que derivaron en la muerte de dos personas.
El estudio y mapeo de la telefonía muestra muchos detalles desconocidos hasta el momento, como por ejemplo el papel del Centro de Inteligencia, que hizo un seguimiento exhaustivo de la actividad de los jóvenes ese día. Se acredita que había agentes del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) en los lugares donde se detuvo a los estudiantes que iban en autobuses.
El GIEI estableció que llegaron al «avanzado entendimiento» de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso -según declaraciones- habrían sido repartidos en otros grupos que «no fueron llevados a un mismo lugar»
A través de un documento, los expertos detallaron que un mando del Ejército en el estado de Guerrero explica que un miembro de Guerreros Unidos iba a entregar a la Policía estatal a 10 de los estudiantes desaparecidos, aunque no se precisa si vivos o muertos. Un documento del 4 de octubre de 2014 señala que algunos de los estudiantes estaban en una cueva, pero no se dan mayores detalles.
La pista se pierde después de la división de los estudiantes en varios grupos. Aunque hay caminos e investigaciones abiertas, no se sabe que hicieron los criminales ni las fuerzas de seguridad con ellos.
Buitrago y Beristáin remarcaron que las Fuerzas Armadas insistieron en ocultar cosas «que son obvias” y eso impide avanzar. El GIEI continuó sus labores ante la promesa de que se abrirían todos los archivos, pero todavía es mucha la información que falta.
“Las respuestas de negación de documentación se han seguido dando, en un comportamiento más corporativo que se comprometió con la verdad”, sentenció Beristáin. Ante esto, el GIEI termina su labor con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, pero insistieron en que el caso no se cierra por su ausencia, sino que es imprescindible que la Fiscalía General de la República (FGR) de México se comprometa.
