El autócrata, que vio anulado su indulto hace una semana, se ve beneficiado por una norma aprobada por los suyos en tiempo récord y que también podría favorecer a Vladimiro Montesinos.
La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, aprobó el jueves 11 de octubre de 2018 una ley de «ejecución humanitaria de la pena» para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla «a través de vigilancia electrónica» desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.
Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad- cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio Fujimori felicitó y amnistió.
En la nochebuena del año pasado, el entonces jefe de Estado y de Gobierno peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena a cambio de un último y desesperado balón de oxígeno político. Pero la semana pasada, el caso volvió a dar un giro de 180 grados con la anulación judicial de la medida de gracia atendiendo a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde entonces, los suyos han tratado de buscar el ángulo legal para evitar el cumplimiento de la orden del magistrado supremo Hugo Núñez Sulca. El martes, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma -expulsada de Fuerza Popular en 2016, pero que vota en el mismo sentido que el resto de la bancada opositora-, presentó un proyecto de ley de «ejecución humanitaria de la pena» para presos de la tercera edad. Y este jueves la junta de portavoces decidió someter el proyecto de ley a la votación del pleno, exonerándolo de la discusión en las comisiones parlamentarias.
Al inicio del debate parlamentario de la ley, el diputado de Acción Popular Yohny Lescano (centroderecha) advirtió de que, de aprobarse, el texto llevaría al Estado peruano a incumplir sus obligaciones internacionales y pidió que la iniciativa legislativa fuera remitida a la comisión correspondiente para su debate preliminar. Pero el fujimorismo, arrasando como suele hacer con su holgada mayoría, rechazó la moción y aprobó en menos de media hora la norma con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.
La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.
Horas después de que el juez Núñez Sulca ordenase el regreso de Fujimori a la cárcel, el autócrata fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. Con esta maniobra política, la enésima del fujimorismo, evitará -al menos de momento, siempre al albur de cualquier cambio futuro en la composición del Legislativo- regresar a prisión.
Alli esta la Corte S. de Justicia que anulara estas leyes hechas a la medida.