La Defensoría del Consumidor continúa con la ejecución de las medidas, de hecho, para proteger la economía familiar ante los efectos de la inflación mundial y evitar la especulación y el acaparamiento de granos básicos, para ello no detiene las inspecciones en la cadena productiva.
“Este día, hemos activado una investigación, junto con el Ministerio de Hacienda, para poder determinar que no exista ninguna práctica abusiva que pueda conllevar el incremento injustificado de precios de productos esenciales, como es el maíz blanco y amarillo”, afirmó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, a más de un año de implementación de estas medidas.
Ambas instituciones visitaron tres importantes almacenadoras para verificar información sobre su estructura, costos y los niveles de inventario de los últimos meses, para poder determinar o descartar cualquier conducta arbitraria.
El Salvador está realizando importantes transacciones de importación, tanto de maíz blanco y amarillo, los cuales son corroborados con los registros administrativos del Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección General de Aduana.
“Hemos activado este importante esfuerzo para testificar los niveles de abastecimiento que existen en nuestro país; en segundo lugar, establecer los costos y precios para poder garantizar un producto que esté accesible a nuestra población”, enfatizó el titular de la Defensoría del Consumidor.
El funcionario confirmó que, el año pasado, esta institución realizó cerca de 143,000 verificaciones y en el primer trimestre de 2023 un poco más de 10,000, un total de 153,000 inspecciones en toda la cadena de suministro de alimentos, importadores, distribuidores y comercializadores.
Señaló que han interpuesto 116 casos, por incremento no justificado de precios y obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor, ante el Tribunal Sancionador, de las cuales han impuesto 45 sanciones que superan los $150,000 y están a la espera de la resolución de los demás casos.
Agregó que las prácticas abusivas vinculadas al incremento injustificado de precio, por parte de importadores y comercializadores, podrían derivar en sanciones de hasta 500 salarios mínimos.
