El control de las actividades marítimas y portuarias, mayor seguridad y la preservación del medio ambiente acuático son algunos de los objetivos por los que la Asamblea Legislativa aprobó, con 64 votos, la creación de la Ley de Navegación.
Dicha normativa, compuesta de 228 artículos, busca proteger las 200 millas náuticas que pertenecen a El Salvador, de conformidad a la Constitución de la República.
Para ello, la Marina Nacional tendrá autoridad para resguardar las costas salvadoreñas, por lo que se encargará de la supervisión, del control, el desarrollo y la defensa, así como la vigilancia al ejercicio de la soberanía y jurisdicción en el territorio marítimo y aguas continentales nacionales.
“Vamos a otorgar la autoridad a la Marina Nacional, muchos años pasaron en donde no se les brindó las herramientas jurídicas, los presupuestos fueron limitados. Además, se va a tener un mejor ordenamiento de todas las actividades que se desarrollan en las aguas territoriales”, comunicó el parlamentario Rubén Flores.
La falta de presencia de la Fuerza Naval en este sector, durante gobiernos pasados, propició el crecimiento de las pandillas y el cometimiento de actos ilícitos y esto afectaba el crecimiento económico del país, debido a que la mayor cantidad de mercancías se trasladan a través del mar.
Con esta normativa se implementarán estrategias y se ejecutarán acciones encaminadas a la prevención de delitos como trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes, por lo que se estará contribuyendo al combate del narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de los recursos marítimos.
Por ende, toda nave nacional o extranjera que se intercepte porque ha sido utilizada para cometer actividades ilícitas, entre ellas la trata de personas, pasará a ser propiedad del Estado, de acuerdo a lo previsto en la legislación penal y en materia de extinción de dominio.
Referente a la protección de la vida marina, la normativa incluye sanciones administrativas o penales para aquellas personas que arrojen al océano desechos tóxicos, basura y otros contaminantes.
Esta herramienta jurídica le permitirá al país formar parte de las naciones del continente adscritos a las marinas, como México, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile, entre otras.
Aspectos que cubrirá la normativa
Debido a que el alcance territorial acuático del país se extiende hasta las 200 millas náuticas, el marco normativo establece la división en cinco departamentos marítimos: La Unión, La Libertad, Acajutla (Sonsonate), El Triunfo y La Concordia, estos dos últimos situados en Usulután.
Además, la ley contempla a elementos guardacostas de la unidad orgánica de la Marina Nacional, dirigido por un capitán de puerto. Este servicio realizará, en cada uno de los departamentos marítimos, funciones como vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados a la seguridad acuática, proteger la vida humana en el mar, preservar el medio ambiente y los recursos marinos y costeros.
Toda nave que quiera circular por el mar territorial debe estar regulada bajo el Registro de Naves (RENAV) que tendrá a su cargo los procedimientos de registros de documentos de inscripción, requisitos a los que deberán estar sujetas las inscripciones, las cancelaciones y certificaciones que deban emitirse.
La normativa también garantiza la seguridad de las tripulaciones a bordo haciendo que se inhabilite, por meses o años, a aquellos capitanes de naves que comentan faltas como no informar a sus superiores del padecimiento de una enfermedad contagiosa que ponga en riesgo a la tripulación, todo aquel que realice actos que provoquen la paralización total o parcial del servicio y demostrar negligencia en el cumplimiento de sus labores.
¿Y la isla «conejo» está dentro de nuestras aguas territoriales? Qué harán con los ocupantes hondureños. Esto debe resolverse uniendo todos los países de centro américa