Por haber asesinado a una familia y a un custodio de la Dirección General de Centros Penales, siete miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que delinquían en tres municipios de Sonsonate fueron condenados a penas de hasta 129 años de cárcel.
Los siete miembros de la clica estuvieron cometiendo una serie de hechos delictivos en Sonzacate, Nahuizalco, Juayúa; así lo probó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la vista pública.
La pena mayor fue parra Wilber Alfredo Cruz, alias «Ratón» quien era el cabecilla de la clica y quien fue detenido en noviembre del año 2018 por agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) en cantón Sabana San Juan Abajo de Nahuizalco.
El marero era reclamado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas cuando fue detenido le decomisaron un arma artesanal.
Junto a los demás pandilleros también enfrentó los delitos de proposición y conspiración de homicidio y extorsión. La FGR los acusó por el homicidio de una familia completa y asesinar a miembros de la misma clica que violaron las reglas de esa organización terrorista.
Los otros condenados son: Ezequiel Edgardo León Sena, quien pasará 90 años en prisión, Josué Omar Castillo García, alias «Camándula» recibió 79 años; Franco Alexis Shulo Ramírez, alias «Skeletor», 29 años; Erick Enrique Hernández Tino, alias «Chicharra» condenado a 41 años; mientras que José Isaías Tino Aguilar, alias «Chaca» y Milton Arnoldo Sorto Callejas, alias «Desconocido», pasarán 12 años presos.
El ministerio público probó en el juicio que los homicidios fueron cometidos por los pandilleros en diversos caseríos y cantones de los tres municipios entre los años 2016 y 2019.
Para lograr las condenas hubo declaración de varios testigos quienes detallaron como los mareros cometieron los homicidios, además de las extorsiones que estuvieron cometiendo.
Víctimas con régimen de protección que fueron extorsionadas señalaron directamente a los imputados, en las tres localidades estuvieron exigiendo dinero a cambio de no atentar en contra de comerciantes, empresarios de transporte y empleados de camiones repartidores de mercadería.
