La policía brasileña interrogaba el martes a unos 1.000 manifestantes retenidos en un gimnasio abarrotado en la capital, después de que turbas antigubernamentales saquearon edificios públicos durante el fin de semana y mientras el nuevo Gobierno del país buscaba superar la crisis.
Buena parte de los manifestantes, partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro, fueron detenidos el lunes cuando soldados desmantelaron un campamento en Brasilia donde se congregaron las multitudes el domingo antes de asaltar el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial.
Los manifestantes en el campamento frente al cuartel general del Ejército exigían un golpe militar para anular el resultado de las elecciones de octubre en las que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por poco a Bolsonaro, quien hizo denuncias infundadas de que los comicios fueron fraudulentos.
El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que está a cargo de las investigaciones de las protestas “antidemocráticas”, prometió en un discurso el martes combatir a los “terroristas” que cometieron destrozos y ocuparon edificios públicos en Brasilia.
“La democracia prevalecerá y las instituciones brasileñas no se doblegarán”, dijo Moraes en la juramentación del nuevo jefe de la policía federal.
Sin embargo, resultaba complejo llevar adelante una investigación criminal tan enorme sobre un movimiento de protesta poco organizado en las primeras semanas de un nuevo gobierno.
Aproximadamente 1.000 arrestados del campamento de protesta fueron retenidos para ser interrogados en un gimnasio de la policía, donde durmieron en el suelo, algunos envueltos en banderas brasileñas, y se quejaron a un periodista de la agencia de noticias Reuters de que estaban detenidos indefinidamente y mal alimentados.
Cantaban y se tomaban selfies con sus teléfonos, mostró un video publicado en las redes sociales.
Alrededor de otros 200 manifestantes estaban bajo arresto y aguardaban la lectura de cargos en su contra en un centro penitenciario por su rol en los disturbios del domingo, que destrozaron algunos de los edificios más emblemáticos de la capital, en el peor ataque contra la democracia brasileña en décadas.
Lula, quien asumió el cargo el 1 de enero, se reunió el lunes por la noche con el jefe del Supremo Tribunal Federal, líderes del Congreso y gobernadores estatales en una muestra de unidad nacional para condenar los disturbios. Visitaron el edificio de saqueado de la corte, que fue el sitio más dañado.
El ex presidente de extrema derecha ingresó el lunes en un hospital de Florida, en Estados Unidos a donde voló 48 horas antes de que terminara su mandato. Bolsonaro dijo a CNN Brasil el martes que podría acortar su estadía en el país debido a sus problemas médicos y regresar a Brasil antes de fines de mes.
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