Cientos de miles de personas acompañaron el domingo al presidente de México, Andrés López Obrador, en una inusual marcha por el centro de la capital para celebrar a su gobierno tras cuatro años en el poder y con las elecciones de 2024 en la mira.
La festiva caminata de casi seis horas, en la que el mandatario de 69 años lució pletórico y no paró de recibir abrazos, regalos y tomarse fotos, congregó a «1,2 millones de personas», según el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez. De momento, no hay fuentes independientes que confirmen la cifra.
El mandatario izquierdista cerró la marcha con un extenso informe en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, que se llenó de simpatizantes.
Citó al poeta y político cubano José Martí -«amor con amor se paga»- y destacó a los «millones» de beneficiados por los programas sociales de su gobierno.
También abordó la vital relación con Estados Unidos. Aseguró que no va «a pelear» con Washington salvo que impulse alguna política que ofenda a las 38,5 millones de personas de origen mexicano que viven en ese país.
Bautizó a su modelo de gobierno como «humanismo mexicano», el que busca -dijo- progreso con justicia y desechar la «obsesión tecnocrática» con las cifras de la economía.
Ante una multitud que le pedía postularse nuevamente a la presidencia, respondió: «¡No a la reelección!».
Sus simpatizantes caminaron vistiendo camisas y gorras moradas, el color del partido oficialista Morena, portando pancartas y numerosas banderas con emblemas partidarios.
El anuncio de la marcha se dio tres días después de la movilización que convocó a miles de personas, en su mayoría opositores, que salieron a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa López Obrador.
La reforma que el mandatario presentó en abril pasado y que se discutirá próximamente en el Congreso causa polémica porque sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de «propaganda» para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.
