Con 65 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó esta tarde una serie de reformas al Código Procesal Penal para no obstaculizar el proceso contra los imputados aún cuando se declaren en rebeldía, e impedir atrasos con la renuncia de los abogados defensores. En la sesión plenaria, los legisladores discutieron las actualizaciones requeridas para continuar brindando herramientas a las instituciones aplicadores de justicia, es decir a la Fiscalía General de la República (FGR), a juzgados y a tribunales.
“Estas reformas al Código Procesal Penal eran más que necesarias. Actualmente, estamos viviendo una guerra en contra de las pandillas y las instituciones necesitan todas las herramientas para combatirlas y proteger a la población”, dijo el parlamentario Eduardo Amaya.
Las modificaciones al código actual (emitido en 1998) incluye la figura de rebeldía (cuando el demandado/imputado no se presenta al proceso). Con ello, se permitirá enjuiciar a prófugos de la justicia salvadoreña declarados en rebeldía y evitar la impunidad.
Por otro lado, las reformas -que consta en agregar incisos, cambiar literales y actualizar la redacción de algunos artículos- van a permitir que los procesos judiciales no se dilaten por renuncias injustificadas de los abogados defensores, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interpondrá sanciones a los profesionales del Derecho que ejecuten este tipo de maniobras con las que buscan alargar los casos y dar beneficio a los criminales.
“Los grupos terroristas busca que los procesos judiciales se dilaten para luego salir avante ante estos, bajo una libertad injusta. Eso sí, las actualizaciones serán bajo el respeto al derecho de defensa que se va a proteger en diferentes momentos”, aseguró el parlamentario Francisco Villatoro. “Lo que buscan las modificaciones a realizar al Código Procesal Penal es golpear esas estructuras delictivas que les hacen daño a los salvadoreños honrados”, agregó.
Además, estos cambios tienen por finalidad procurar la efectividad en la investigación de los hechos para la lucha contra la impunidad que demandan las violaciones a los derechos humanos. Además, se tutelarán de manera eficaz los derechos de las víctimas en un justo equilibrio con los del imputado y se potenciará una mayor efectividad de las instituciones de sistema penal.
“Nos interesa proteger a los buenos salvadoreños, por eso es que con estas reformas creamos una justicia más rígida para los delincuentes, le estamos dando gobernabilidad al Estado salvadoreño”, expresó el legislador Mauricio Ortiz.
Ante esto, el parlamentario Giovanny Zaldaña indicó que: “Nos estamos encargando de reformar las normas, porque ya dimos los primeros pasos de sacar a las pandillas de la calle. Estos cambios no solo son para el momento, son para el futuro, porque en el país no puede seguir existiendo más impunidad”.
De acuerdo a los registros de la FGR, en el periodo comprendido del año 2013 al 19 septiembre de 2022 hay 31 mil 652 personas declaradas en rebeldía y muchos son prófugos de la justicia salvadoreña, por lo que en esos casos únicamente la institución solo ha presentado dictámenes de acusación en su contra.
Dentro de estos prófugos hay personas que han cometido delitos relativos a la vida (homicidios), al patrimonio, al sistema constitucional y la paz pública (agrupaciones ilícitas), a la libertad (secuestros), entre otros.
