La medida de emergencia por 60 días, en vigencia desde el sábado en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas, incluye el toque de queda durante las noches para las áreas con mayor violencia de localidades como el puerto de Guayaquil, núcleo comercial del país.
La fuerza pública incursionó en convulsas y deprimidas zonas, donde el acceso era difícil para los agentes.
El gobernador de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Pablo Arosemena, dijo que la prioridad es restablecer el orden en las áreas bajo control de mafias. «Necesitamos intervenciones prolongadas y sostenidas para que los índices de inseguridad se estabilicen y decrezcan durante el estado de excepción» anotó.
Operativos se cumplieron el sábado en el empobrecido Guasmo, en el sur de Guayaquil. «Esperamos que ellos (militares y policías) ayuden a limpiar la ciudad de tanta gente mala», dijo Mercedes Ortiz, de 67 años, en la puerta de su vivienda.
Lasso decreta «estado de excepción”
En su guerra declarada al narcotráfico, el presidente conservador Guillermo Lasso volvió a ordenar el viernes el estado de excepción argumentando una grave conmoción interna por la inseguridad.
De la mano del narco ha crecido la criminalidad en Ecuador, con 1.255 muertos -entre ellos decapitados y mutilados- en el primer cuatrimestre de este año frente a los 2.500 de todo 2021 y 1.400 de 2020, según cifras oficiales.
Cerca de 440 crímenes se han producido en Guayaquil (capital de Guayas) y la vecina localidad de Durán, ambas las más inseguras. Un 60% del total de homicidios ha ocurrido en las tres provincias que ahora son patrulladas por militares.
El abogado especializado en derechos humanos Xavier Flores consideró que el estado de excepción no será la panacea contra el crimen organizado. «Si se piensa que es la solución al narcotráfico es un error de concepto porque esto es mucho más complejo que entrar a reprimir con militares. Estamos hablando de problemas estructurales, donde se necesitan políticas públicas e inversión del Estado para el desarrollo de estos sectores muy empobrecidos», expresó el excatedrático universitario.
Durán, con más de 300.000 habitantes, es considerada una bodega de drogas y donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes
Sera human rigth watch saldra a condenar este regimen de excepcion que viola el derecho de los ciudadanos o solo lo hace en aquellos paises donde le pagan por hacerli?
Que bueno, ya vieron que el régimen de excepción está dando resultados en El Salvador.