La Asamblea Legislativa reformó la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos para actualizarla e incorporar sanciones a las prácticas que, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, puedan constituir delitos. Además, fue avalado el incremento de penas para cuando se trate de faltas graves.
Las modificaciones, que fueron aprobadas con 64 votos, también tienen como objetivo homologar la normativa con los estándares internacionales, para facilitar la detección, investigación y sanción de los hechos delictivos.
Se establece una pena de 3 a 6 años de cárcel por la interferencia del sistema informático y se agravará la pena a un rango de 4 a 7 años cuando la interferencia sea a sistemas informáticos destinados a servicios de salud, de comunicaciones, provisión y transporte de energía, medios de transporte, servicios financieros o transacciones en Bitcoin u otras criptomonedas.
Los daños a sistemas informáticos que los inhabiliten parcial o totalmente se sancionará con penas entre los 3 y 6 años de prisión y se agravará si son sistemas o programas para transacciones en Bitcoin que permitan su convertibilidad automática a moneda de curso legal.
“Con esto se busca prevenir y combatir de manera integral delitos como estafas, hurtos de identidad, pedofilia, seducción de menores, obtención y divulgación de información de carácter personal no autorizada, extorsión, falsedad de documentos y firmas, utilización de datos personales para cometer ilícitos y proteger billeteras electrónicas”, explicó el diputado Francisco Villatoro.
En lo que va del año, las autoridades han registrado más de 8,200 denuncias por delitos informáticos, entre las que hay vulneraciones a los usuarios del sistema financiero, así como daños a la integridad física y moral de las personas.
En casos de estafa informática, se incorporó una pena de cárcel de entre ocho y 10 años si el delito es cometido con presupuesto en perjuicio de propiedades del Estado, contra sistemas bancarios y entidades financieras. También cuando los responsables sean empleados o encargados de dar mantenimiento a la red o sistemas informáticos en todas sus modalidades.
Las reformas contemplan la incorporación de un capítulo donde se establece una pena de uno a tres años de prisión para quienes haciendo uso de las tecnologías de la información seduzcan a niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad.
A quienes envíen, soliciten, intercambien o transmitan audios, imágenes o videos de contenido sexual, o sexualmente explícitos reales o simuladas, con dicho grupo de la población se sancionará con prisión de dos a cuatro años.
La actualización de la normativa también contempla la asignación de recursos para la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC). Ambas instituciones contarán con Unidades de Investigación Científica de los Delitos Informáticos, Tratamiento y Análisis de la Evidencia Digital.
