Ley de Agentes Extranjeros busca cortar el financiamiento a oenegés que son vulnerables para respaldar actos de terrorismo

Este viernes, la Comisión de Relaciones Exteriores recibió las recomendaciones del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, respecto a la redacción de la nueva Ley de Agentes Extranjeros que estudia la mesa legislativa, y detalló que uno de sus objetivos es que entidades «sin fines de lucro vulnerables para el financiamiento del terrorismo», puedan estar recibiendo financiamiento para actividades fuera de la ley e impedirlo.

Delgado enfatizó que la ley se basa en la Constitución de la República, en la Carta de Naciones Unidas, y en recomendaciones del Grupo Financiero Internacional, y que este tipo de legislación la aplican otros países como Estados Unidos. “Esta es una ley que ya existe en otros países, que viene aplicada desde 1938, particularmente en Estados Unidos, en una vorágine de eventos con influencia ideológica que representaban un riesgo para ese país, su forma de gobierno e ideología que como país querían implementar en su territorio”, explicó.

Agregó que el Estado salvadoreño tiene la obligación de proteger su sistema de Gobierno, modelo económico y a los miembros de la sociedad, además aclaró que los salvadoreños tienen el derecho de decidir su futuro como sociedad «sin la injerencia de agentes extranjeros que quieran determinar decisiones» que solo le competen al país.

El fiscal propuso que se agregue a la ley el establecimiento de una sanción pecuniaria para aquellas organizaciones que no se inscriban al registro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MINGOB), en el plazo establecido una vez la ley entre en vigencia.

“Cualquier sanción está sujeta a la Ley de Procedimientos Administrativos, en cuanto a la multa, con ello se garantiza el debido proceso y que las organizaciones que estén siendo señaladas que están incumpliendo ley tengan opción de derecho de defensa ante la administración pública, y que se decida lo que conforme a la ley corresponde”, afirmó el funcionario.

En cuanto a la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta legislación, será la Unidad de Administración Financiera de la Institución la que llevará el registro de las organizaciones y, eventualmente, impondrá sanciones o iniciará investigaciones por el delito de lavado de dinero y activos, cuando así corresponda, tal como se establece en la legislación que podría ser aprobada antes de fin de año.