La Guardia Nacional reconoció el lunes que abrió fuego contra una camioneta que transportaba a 14 migrantes, dos de ellos menores, cuando el vehículo evadió un retén e intentó embestirles en el sur de México. Un migrante resultó muerto y cuatro más heridos.
El suceso tuvo lugar la madrugada del domingo en Pijijiapan, Chiapas, unos 40 kilómetros al norte de donde descansaba ese día la caravana de varios miles de migrantes. Ésta partió el 23 de octubre de Tapachula, casi en la frontera con Chiapas, hacia el norte con la intención de llegar a la Ciudad de México y lograr regularizar su situación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos —la entidad oficial que vigila la actuación de los funcionarios públicos— informó el lunes que ya había abierto una investigación sobre lo ocurrido.
En un comunicado divulgado el domingo por la noche, la fiscalía del estado informó del inicio de las pesquisas por el “homicidio calificado” de un hombre cubano con lesiones de arma de fuego que fue localizado en la parte trasera de una camioneta tipo pick-up.
Según la explicación de la Guardia Nacional el lunes, tres vehículos evadieron un puesto de seguridad en la zona y los agentes salieron en su busca. En un camino de tierra, la Guardia se encontró de frente con una de las camionetas, que no atendió la orden de detenerse e “intentó embestir a los elementos”. Los agentes, al ver “en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el vehículo”, que se detuvo a 50 metros.
Aunque tanto el chofer como los pasajeros intentaron escapar, todos fueron detenidos. El conductor fue puesto a disposición de la fiscalía, agrega la Guardia en el texto. Los 4 heridos fueron trasladados a un hospital y los otros 9 migrantes fueron “rescatados» en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
La fiscalía indicó que en la camioneta, además del cadáver, había un arma larga y un cargador. La Guardia Nacional no hizo mención alguna de ese detalle ni mencionó haber visto a nadie armado en la camioneta. Sólo agregó que su personal, armamento y equipo estaban a disposición de la fiscalía para la investigación.
Una autoridad federal que pidió guardar el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones indicó que los sobrevivientes estaban el lunes bajo custodia de la fiscalía al ser presuntas víctimas del delito de tráfico de migrantes. También dijo que no formaban parte de la caravana.
La caravana está conformada mayoritariamente por centroamericanos y llegó a sumar unas 4.000 personas, aunque el lunes el contingente se encontraba un poco más disperso, con grupos que se habían adelantado algunos kilómetros.
El Colectivo de Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, que integra a diversas organizaciones no gubernamentales, pidió el lunes en un comunicado el esclarecimiento de la muerte del migrante cubano, protección para los sobrevivientes “y que cese la represión para personas con necesidad de protección internacional”.
A juicio de este colectivo, la estrategia de contención puesta en marcha por México y que ha conllevado el despliegue de decenas de miles de militares en la ruta migratoria está forzando a los migrantes a escoger rutas que los ponen en mayor riesgo y usar más a los traficantes, aunque esta opción es siempre mucho más cara.
Los incidentes mortales entre las fuerzas del orden y migrantes son muy raros, pero en septiembre un oficial de la Guardia Nacional fue asesinado por presuntos traficantes de migrantes.
La actual caravana, la mayor que ha transitado por el sur de México este año, avanzó el lunes unos 20 kilómetros desde Mapastepec y se preparaba a pernoctar en una comunidad del municipio de Pijijiapan previa a su cabecera municipal, unos 130 kilómetros al norte de Tapachula.
Ya en Pijijiapan, elementos de la Guardia Nacional custodiaban un hospital donde, al menos, está uno de los heridos, según confirmó la AP, que también vio a dos agentes de la fiscalía federal que dijeron estar investigando el incidente.
El Instituto Nacional de Migración, en un movimiento inusual desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido visas humanitarias a mujeres embarazadas y menores (hay aproximadamente un millar) que integran el grupo, respetando la unidad familiar.
Ha denunciado también que los activistas que viajan con ellos están poniendo en peligro a los más vulnerables, ya que en sus conversaciones con las autoridades han rechazado las propuestas del gobierno y varios migrantes han enfermado.
El INM informó el lunes de seis casos de dengue, cinco de ellos en menores. Los acompañantes adultos de tres de los niños “no aceptaron la atención médica con el argumento de que continuarían la marcha de la caravana”, indicó la agencia migratoria.
Sin embargo, los migrantes desconfían. No quieren aceptar la ayuda por miedo a ser engañados y devueltos a Tapachula, y continúan caminando hacia el norte, aunque de forma muy lenta.
Agregó que, de los 14 integrantes del grupo, 11 eran de nacionalidad cubana, entre ellos el fallecido, las personas heridas y una menor nacida en Brasil de madre cubana. Los otros tres migrantes eran de Ghana: dos mujeres que viajaban con un niño.
Aunque todo apunta a que el grupo se movía al margen de la caravana, un grupo de cubanos indicó que estaban intentando confirmar si faltaba alguno de los 50 compañeros que aproximadamente tenían contabilizados y se movían con ellos.
La caravana está conformada mayoritariamente por centroamericanos y llegó a sumar unas 4.000 personas, aunque el lunes el contingente se encontraba un poco más disperso, con grupos que se habían adelantado algunos kilómetros.
El Colectivo de Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, que integra a diversas organizaciones no gubernamentales, pidió el lunes en un comunicado el esclarecimiento de la muerte del migrante cubano, protección para los sobrevivientes “y que cese la represión para personas con necesidad de protección internacional”.
A juicio de este colectivo, la estrategia de contención puesta en marcha por México y que ha conllevado el despliegue de decenas de miles de militares en la ruta migratoria está forzando a los migrantes a escoger rutas que los ponen en mayor riesgo y usar más a los traficantes, aunque esta opción es siempre mucho más cara.
Los incidentes mortales entre las fuerzas del orden y migrantes son muy raros, pero en septiembre un oficial de la Guardia Nacional fue asesinado por presuntos traficantes de migrantes.
La actual caravana, la mayor que ha transitado por el sur de México este año, avanzó el lunes unos 20 kilómetros desde Mapastepec y se preparaba a pernoctar en una comunidad del municipio de Pijijiapan previa a su cabecera municipal, unos 130 kilómetros al norte de Tapachula.
Ya en Pijijiapan, elementos de la Guardia Nacional custodiaban un hospital donde, al menos, está uno de los heridos, según confirmó la AP, que también vio a dos agentes de la fiscalía federal que dijeron estar investigando el incidente.
El Instituto Nacional de Migración, en un movimiento inusual desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido visas humanitarias a mujeres embarazadas y menores (hay aproximadamente un millar) que integran el grupo, respetando la unidad familiar.
Ha denunciado también que los activistas que viajan con ellos están poniendo en peligro a los más vulnerables, ya que en sus conversaciones con las autoridades han rechazado las propuestas del gobierno y varios migrantes han enfermado.
El INM informó el lunes de seis casos de dengue, cinco de ellos en menores. Los acompañantes adultos de tres de los niños “no aceptaron la atención médica con el argumento de que continuarían la marcha de la caravana”, indicó la agencia migratoria.
Sin embargo, los migrantes desconfían. No quieren aceptar la ayuda por miedo a ser engañados y devueltos a Tapachula, y continúan caminando hacia el norte, aunque de forma muy lenta.
Mejor pedir limosna en Catedral a viajar o vivir en México.