Este paquete de sanciones se adoptó en octubre de 2019 e incluía originalmente a seis personas, y en agosto de este año se añadieron otros altos funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega.
En una breve nota oficial, el Consejo recordó que en junio de este año la UE pidió a las autoridades de Nicaragua que pongan fin a la persecusión de opositores e inicien un diálogo político para resolver la «crisis política, económica y social» en el país.
Sin embargo, añadió, el gobierno «ha aumentado la represión, dejó en la ilegalidad a partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil y arrestó a dirigentes de la oposición y representantes de la academia, la prensa y la sociedad civil».
«Con ello, el gobierno conducido por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ha eliminado la posibilidad de cualquier competición electoral seria» en las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
Entre los sancionados por la UE se encuentran el consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas; la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa y dos responsables de la policía.
También está sancionado el hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos, jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y quien dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país.
