El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile declaró admisible una querella presentada contra el presidente Sebastián Piñera e inició un proceso penal sobre el mandatario, por las revelaciones en los Papeles de Pandora.
La querella admitida fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, señalando al mandatario del delito de «negociación incompatible».
«Me preocuparé de que exista una investigación a fondo de estos hechos. Está claro que una investigación de oficio de la Fiscalía de Chile no ofrece las garantías necesarias», dijo el abogado.
Los Papeles de Pandora revelan un negocio que involucra a Piñera en la compraventa del proyecto minero Dominga, en la que los hijos del mandatario chileno tenían una participación del 33,3 %.
Según la publicación, en diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba casi nueve meses en el poder en su primera presidencia, se utilizaron dos empresas fantasmas de las Islas Vírgenes Británicas para vender esas acciones al empresario Carlos Alberto Délano, amigo del mandatario.
El trato en el paraíso fiscal fue por 138 millones de dólares y la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas; la última de ellas, por 9,9 millones de dólares, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental o reserva natural que obstaculizara la instalación y operación de la mina, decisión que le correspondía al gobierno, lo que Piñera, que ya era presidente, efectivamente cumplió.
Piñera niega su implicación en las operaciones
Piñera ya intentó desvincularse de las operaciones reveladas. «Desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado», dijo tras la publicación, indicando que nunca fue informado ni consultado sobre la venta de la minera Dominga.
La acusación de la querella de Rendón imputa justamente la cláusula del último pago. Según el abogado, esa acción es un delito de «negociación incompatible», debido a que «el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora».
«Resulta fundamental que los hechos conocidos, y el condicionamiento de un pago a los hijos del presidente a que este omitiese ejercer a sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, sea investigado a fondo», mencionó el abogado Rendón, citado por BioBío.
El pasado martes, representantes de las bancadas de oposición en el Congreso chileno informaron que prepararían una acusación constitucional contra Piñera.
