El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, lamentó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de los tepesianos, el cual les impide acceder a una residencia en ese país.
«Lamentamos mucho la desición que ellos (Corte Suprema) están tomando. Respetamos la desición pero lo lamentamos porque son muchos compatriotas que han estado luchando, que están bajo el TPS, que pagan impuestos en Estados Unidos, que tienen años de estar viviendo allá…», dijo el presidente del congreso salvadoreño.
La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que quienes gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) no serán elegibles para convertirse en residentes permanentes en ese país.
La decisión, tomada por unanimidad, afecta a más de 250,000 connacionales que no podrán optar a una residencia si ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos.
Castro señaló que los compatriotas amparados bajo el TPS son parte de la actividad económica del país norteamericano, pero enfatizó que continuarán luchando por los salvadoreños que viven y trabajan en ese país.
«Es una lástima, es un golpe duro para nuestros compatriotas pero nosotros como país estaremos atentos de ellos y si hay una lucha qué hacer, la seguiremos haciendo como lo hemos hasta ahora», aseguró.
La resolución
La Corte Suprema de EE.UU. sostuvo este lunes que el gobierno puede impedir que los no ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos bajo un programa que los protege temporalmente de la deportación en ciertas situaciones, soliciten una tarjeta verde si ingresaron ilegalmente al país.
El caso, que enfrentó a la administración de Biden con los partidarios de los derechos de los inmigrantes, podría afectar a miles de las 400.000 personas a las que se les ha otorgado el «Estatus de protección temporal».
La posición de la administración Biden en el caso, aunque menos estricta que la de la administración Trump, consternó a los partidarios de los derechos de los inmigrantes.
Este caso se refiere a una pareja de Nueva Jersey que llegó al país ilegalmente en 1997 y 1998 y ahora tiene cuatro hijos. El menor nació en Estados Unidos y es ciudadano.
Luego de una serie de terremotos en El Salvador en 2001, solicitaron y recibieron el “Estatus de Protección Temporal”. Tal estado protege a los ciudadanos extranjeros presentes en EE. UU. de la expulsión si han estado sujetos a conflictos armados o desastres ambientales en su país de origen. En 2014, la pareja buscó solicitar «ajustar» su estado para convertirse en residentes permanentes legales y solicitar una tarjeta verde.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos denegaron su solicitud, señalando que no eran elegibles para solicitarla porque no habían ingresado legalmente al país y nunca habían sido admitidos formalmente en Estados Unidos.
El caso enfrentó dos secciones de la ley de inmigración. Uno que dice que aquellos en TPS deben ser considerados como «que mantienen un estatus legal» y otro que dice que para ajustar el estatus, un individuo en TPS debe haber sido admitido legalmente.
Actualmente, hay alrededor de 400.000 personas con estatus TPS en el país y 85.000 han logrado ajustar su estatus.
