El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador ordenó pasar a juicio a 17 supuestos terroristas, mientras que a 16 les dejó con sobreseimientos provisionales y definitivos.
Los sujetos son acusados por delitos tales como extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de extorsión, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Durante la lectura de la resolución ejecutada ayer viernes, la suscrita ordenó un sobreseimiento definitivo para el imputado Francisco Vladimir Leiva Martínez, quien fuera citado en su casa de habitación, pero no se trata del que participara en un homicidio agravado. Hubo un problema que la FGR no pudo solventar oportunamente y el verdadero imputado suplantó la identidad de la otra persona.
Dentro de los casos de homicidio agravado figura el de los hermanos José Adonay Ayala Cruz y Mauricio José Ayala Trejo. Las víctimas eran conocidas como “bandosos” de Valle Verde II.
La jueza modificó el delito de homicidio agravado a privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, ya que los cadáveres no fueron encontrados, a pesar que la FGR llevó al testigo criteriado.
Asimismo, los imputados están acusados por el homicidio agravado en perjuicio de Vicente Antonio Moya Ticas, quien laboraba como ordenanza de la alcaldía municipal de Apopa. El crimen se registró el 29 de mayo de 2019.
Otro de los casos fue el 24 de julio de 2019, en la humanidad de Fredy Edenilson Zometa, quien era integrante de la misma estructura, pero se dedicaba a cobrar la renta a nombre de la misma, por lo tanto, optaron por matarlo.
En torno a las extorsiones, los montos rondaban entre $5 mil a $6 mil mensuales. Las víctimas eran dueños de tiendas, repartidores de refrescos, comerciantes informales entre otros. Los montos semanales y mensuales eran de aproximadamente de $20 a $300. De 35 casos hay 12 ya judicializados.
El proceso será del conocimiento de un juzgado especializado de sentencia a determinar por la Oficina Distribuidora de Procesos.
estos enfermos mentales sin sentimientos como los de la selva,deben refundirlos en la carcel de ser investigados y encontrados culpables,delincuentes en flagrancia del delito la ley debe aplicar sin derecho a fianza ni abogados en favor del crimen