El pleno del Parlamento Europeo decidió retirar la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, miembros del partido catalán Junts Per Catalunya (JxCat) y líderes independentistas tras la votación del lunes. Los tres políticos, están buscados por la justicia española por la celebración del referendo de 2017 en Cataluña, anunciaron que recurrirían la decisión de la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y lamentaron el «daño» a la democracia europea.
Sin sorpresas ni sobresaltos, el Parlamento Europeo cumplió con lo esperado y decidió retirar la inmunidad del eurodiputado y expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en la votación del lunes. Del mismo modo, los eurodiputados y líderes independentistas Toni Comín y Clara Ponsatí también se quedaron sin inmunidad parlamentaria. Una decisión que ya han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los resultados de la votación, que se hicieron públicos este martes, constatan la retirada de la protección con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones en el caso de Puigdemont, y con sufragios casi idénticos en los casos de los exconsejeros Comín y Ponsatí –404 a favor, 247 en contra y 42 abstenciones–.
Durante una rueda de prensa celebrada este martes tras la difusión de los resultados, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, agradeció la participación y el apoyo de sus compañeros del Parlamento Europeo, más amplio del que esperaba. No obstante, también lamentó el «daño» que la decisión causa a la democracia europea.
«Es un día triste para el Parlamento Europeo. Hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento Europeo ha perdido todavía más y, como consecuencia de esto, también ha perdido la democracia europea».
Puigdemont aseguró que el suyo es un «claro caso de persecución política» y que la reacción de los políticos españoles respaldaba su argumento. Para el diputado de Junts Per Catalunya (JxCat), «ha quedado acreditado que hay una clara estrategia política y parlamentaria en este caso», y lamentó que la Eurocámara haya «caído» en ella.
Por su parte, tanto Toni Comín como Clara Ponsatí se mostraron tranquilos. A pesar del golpe que supone perder su inmunidad parlamentaria, los políticos catalanes hicieron un balance positivo de la situación debido al 42% de apoyo que recibieron por parte del Parlamento Europeo. «¡Buenos días! Todavía no me he vacunado (lo haré cuando me toque) pero hoy me siento más inmune que ayer», dijo Ponsatí a través de redes sociales.
El fallo del Parlamento Europeo responde al suplicatorio del Tribunal Supremo español, de hace más de un año, y permitirá reactivar las euroórdenes de detención en su contra y solicitar su extradición a España para ser juzgados ante un tribunal nacional.
Esta noticia llega dos semanas después de que el informe pasara por la comisión de Asuntos Jurídicos –encargada de tramitar los suplicatorios–, en el que se decidió levantar la inmunidad a las figuras independentistas por 15 votos favor, ocho en contra y dos abstenciones. La Eurocámara solo debía decidir si ratificaba la decisión de la comisión o no.
Argumentos para retirar la inmunidad parlamentaria
El Tribunal Supremo español llama a los tres líderes independentistas para responder ante un presunto delito de sedición y, además, acusa a Puigdemont y Comín por otro de malversación de fondos públicos. Todos los cargos están relacionados con la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, fenómeno que causó una gran inestabilidad en el seno de la política española.
Como baza para quitarles la inmunidad, el ponente que se encargó de exponer su caso ante comisión de Asuntos Jurídicos, el conservador Angel Dzhambazki, señaló que los hechos por los que se les quiere procesar tuvieron lugar antes de que adquirieran su condición de eurodiputados.
Por su parte, los políticos independentistas se defendieron usando los mismos argumentos que han sostenido desde que se declararon las órdenes de detención: aseguran que las acusaciones contra ellos no están bien fundamentadas y que se trata de un caso de persecución política.
Desde el Gobierno español recibieron la noticia con los brazos abiertos, considerando que la retirada de la inmunidad significa que el Parlamento Europeo respalda a la justicia española y apuesta por que «los problemas de Cataluña se resuelvan en España».
Así lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha sido la primera figura del Ejecutivo español en pronunciarse al respecto. González celebró la decisión de la Unión Europea y sostuvo que un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales. También señaló que lo que ve en la decisión de la Eurocámara es que «los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa».
Al respecto, Comín le recriminó a la ministra que, en la votación, casi la mitad de los eurodiputados demostraron que no confían en la justicia española y aseguró que deberían hacer un ejercicio de autocrítica desde el Ejecutivo español.
De nuevo en manos de la justicia
El siguiente paso recae en manos de la justicia. Ahora, serán los tribunales belgas y escoceses –países donde se han instalado los políticos– quienes tomen las riendas de su proceso judicial. La retirada de la inmunidad no supone, de ninguna manera, que los catalanes pierdan su condición de eurodiputados ni que vayan a ser extraditados inmediatamente. Simplemente reactiva los procedimientos de las euroórdenes de detención cursadas por el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, y que quedaron suspendidos a principios de 2020 cuando los políticos catalanes tomaron posesión de sus actas como eurodiputados, a la espera de que el Parlamento se pronunciase sobre su inmunidad.
Que los tribunales belgas y escoceses rechacen su extradición es una posibilidad. De hecho, en enero la justicia belga denegó la extradición de otra figura del independentismo, Lluís Puig, que también reclamaba el Tribunal Supremo. No obstante, al no ser eurodiputado y carecer de protección especial su proceso siguió su curso.
A la pregunta de si tienen miedo a ser extraditados a España, Puigdemont, Comín y Ponsatí respondieron que no. Los tres sostienen que confían en ponerse a la disposición de las autoridades belgas y en el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el que van a recurrir.
