El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras pidió el miércoles la dimisión del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el mandatario ha afirmado que se irá cuando culmine su periodo.
En una carta pública, la directora del CNA –un organismo no gubernamental–, Gabriela Castellanos, le exigió la «renuncia indeclinable» a Hernández, «dada la situación de no cumplir con sus altas funciones de lealtad y compromiso» con el país y «visto que ha ignorado los preceptos éticos que hoy se sienten socavados»
Castellanos asegura que el presidente debería apartarse de su cargo «para que así se someta a la justicia donde se le ha dado seguimiento, investigación y señalización en los documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur en Nueva York».
El esa corte existen pruebas contra Hernández presentadas por un fiscal de Nueva York y un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por su supuesta relación con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, a quien el mandatario habría protegido a cambio de una importante suma de dinero.
Finalmente, Castellanos aseguró que Honduras «enfrenta una encrucijada de su destino» y que eso «obliga» a que la renuncia de Hernández «sea urgente y irrevocable ante el Congreso».
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«La llave mágica»
Durante la presentación de un informe de seguridad ante el Congreso, el mandatario hondureño desestimó la posibilidad de su renuncia.
«Como saben, y como establece nuestra Constitución, mi mandato como presidente finaliza el 27 de enero de 2022. Ese día dejaré la Presidencia».
Por otra parte, con referencia a su caso, manifestó que los narcotraficantes «encontraron la llave mágica para quedar impunes, entregarse y negociar y acusar a las instituciones responsables de que ahora estén tras las rejas».
Hernández sostiene que mientras ejerció la Presidencia del Congreso (2010-2014) y durante su mandato, se aprobaron ocho leyes de seguridad «odiadas y temidas por los narcos», como la extradición de narcotraficantes a EE.UU., la creación de la Policía Militar, la depuración de la Policía Nacional y las cárceles de alta seguridad.
«Los Cachiros [organización criminal] prefirieron entregarse a las autoridades de EE.UU. antes de que asumiera el poder, porque sabían que conmigo iban a ser capturados y extraditados», dijo en su defensa.
En su opinión, fue en las gestiones anteriores cuando existían nexos con el narcotráfico y cuando el país estuvo cerca de ser un Estado fallido.