La inoculación secreta contra el coronavirus en un “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud de la Argentina es el último escándalo de este tipo que se conoce en el mundo y sucede casi en paralelo con otro similar: el “Vacunagate” peruano.
En el caso argentino, se inmunizaron un periodista, Horacio Verbitsky, un senador, un diputado, tres médicos, un empresario y varios miembros de su familia. El episodio se conoció porque fue el propio Verbitsky el que contó ayer en su programa de radio que se había vacunado. Admitió haber llamado a “su viejo amigo” el ministro de Salud Ginés González García y que había ido a una sala especial del edificio del Ministerio para recibir su inyección.
La declaración pública rápidamente fue repudiada por ciudadanos indignados, políticos opositores y algunos oficialistas. En la tarde, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García, quien dimitió, pero el mandatario argentino aún no se pronunció.
Las dos crisis tienen puntos en común, pero en Perú el Gobierno se ocupó de denunciar públicamente las identidades de los implicados. “Estoy indignado, furioso… me siento totalmente decepcionado”, dijo el presidente Francisco Sagasti.
La bomba del “Vacuna VIP” peruano estalló hace nueve días y, en un principio, solo salpicó al destituido ex presidente Martín Vizcarra, pero posteriormente se extendió al actual gobierno transitorio. Sin embargo, fue el propio mandatario Sagasti quien -luego de pedir disculpas públicas- reveló que eran 487 los vacunados de forma irregular.
Según detallaron las autoridades, 122 funcionarios públicos figuran en el listado, 16 pertenecían al actual gobierno que ya fueron separados de sus cargos. Uno de ellos es el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, quien se vacunó con seis familiares. También la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti. Ambas renunciaron.
“La mayoría de las vacunaciones ocurrieron en septiembre y octubre”, en el gobierno de Vizcarra, reveló el presidente Sagasti.
Los 487 recibieron algunas de las 3.200 dosis extras que el grupo farmacéutico chino Sinopharm entregó para el personal a cargo del ensayo de la vacuna entre 12.000 voluntarios peruanos.
Ocho funcionarios de la cancillería beneficiados en la “repartija de vacunas”, como se ha referido al asunto la prensa local, integraban el equipo que negoció la adquisición de las dosis con China. Todos ellos fueron separados de sus cargos. También el jefe del ensayo, el médico Germán Málaga, fue suspendido del cargo por la Universidad Cayetano Herrera. Además, renunciaron el rector de esta universidad privada, Luis Varela, y los vicerrectores José Espinoza y Alejandro Bussalleude, los tres inmunizados.
Málaga no dio explicaciones convincentes al Congreso sobre el criterio que usó para autorizar la inmunización de las 487 personas, entre quienes hay una decena de empresarios y sus parientes. El jefe del ensayo está en el foco público porque además de repartir las inyecciones discrecionalmente, se aplicó tres dosis de la vacuna, en vez de las dos que indica el protocolo, lo que también hizo con otras 30 personas.
Varios vacunados figuran como “invitado” en el registro de la universidad y otros como “consultor”.
La esposa y el hermano
El escándalo estalló en medio de la segunda ola de la pandemia y de la campaña de los comicios generales del 11 de abril, lo que complica el empeño de Vizcarra de ganar un escaño en el Congreso, pero también al partido Morado de Sagasti. “Es claro que Martín Vizcarra tiene todos los elementos para perder adhesiones, pero afecta indudablemente al Gobierno” de Sagasti, aseguró el analista político Fernando Tuesta.
Vizcarra se vacunó en octubre del año pasado, cuando todavía era presidente pero antes de que la vacuna china obtuviera luz verde, el 31 de diciembre. Lo hizo con su esposa, Maribel Díaz, y su hermano mayor, César Vizcarra. El ex mandatario alega que fue uno de los 12.000 voluntarios, pero lo desmintió la Universidad Cayetano Heredia.
En un país de 33 millones de personas que acumula 44.308 muertos por covid-19, con 1,25 millones de casos confirmados, la ex ministra Mazzetti pasó rápidamente de heroína a villana… Hace una semana la entonces ministra declaró ante el Congreso que, como “capitán de barco”, iba a ser la última funcionaria de salud en vacunarse. Pero mentía, se había inmunizado el 22 de enero.
“Se han vulnerado los principios de probidad, veracidad y transparencia. Son hechos muy graves”, afirmó Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia de Perú.
El nuncio Nicola Girasoli afirmó que fue vacunado porque era “consultor en temas éticos” de la Universidad Cayetano Heredia. A pesar de la explicación el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, se declaró “indignado y entristecido” y la Conferencia Episcopal Peruana lamentó “la utilización indebida de las vacunas”.
¿Comida china por vacuna?
La vacunación como “consultor” del dueño del restaurante de comida china Royal, César Loo, ha generado dudas pero también parece ser un símbolo de impunidad. Es que el doctor Málaga contó que Loo vendía comida china a la delegación enviada por Beijing a Lima para negociar la venta de las vacunas. “Esas personas (…) se cansan del Burger King. Cómo no lo vamos a poner [a Loo] en la vacunación”, expresó. Loo replicó diciendo que no conocía a Málaga y que no fue inmunizado a cambio de comida, pero no ha explicado cómo tuvo acceso a la vacuna.
Hasta ocho años de prisión
Mientras el Congreso estableció una comisión para determinar responsabilidades políticas, la fiscalía abrió una investigación contra los funcionarios y todos los que “resulten responsables” de la vacunación irregular. Y anoche, policías peruanos allanaron oficinas del Ministerio de Salud y dos clínicas universitarias como parte de las indagaciones por la vacunación irregularmente anticipada.
Abogados penalistas y juristas señalan que los principales implicados pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.
“Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos”, afirmó el abogado penalista peruano Carlos Rivera. “Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente”, agregó al recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron “un error”, y “la evidencia de los hechos es demoledora”.
En el caso de Astete, Rivera dijo que no solo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.
El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la ex ministra incumplió el código de ética de la gestión pública y vulneró la norma que establece que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.
Este mismo delito puede alcanzar a otros funcionarios de Exteriores que participaron en la negociación de las vacunas, así como a funcionarios del Ministerio de Salud si es que intervinieron o tuvieron poder de decisión en la adquisición.
Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel. Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e “invitados” que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.
Entre los implicados en este delito puede estar la ex ministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo “de personas en situación más agravada”, acotó Rivera.
En el caso del ex presidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.
Finalmente, para el experto, Málaga debe ser considerado “como un privado”, ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido “en calidad de cómplice” en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos. “A pesar del rol tan protagónico que ha tenido, en un caso de corrupción de funcionarios seguramente va a ser considerado como cómplice primario, en el sentido de que su intervención ha sido decisiva para cometer ese hecho delictivo”, acotó.
Con información de Infobae
