Una reciente investigación del periódico The Guardian desveló que en la década de los 70 la reina Isabel II presionó al gobierno británico, con éxito, para que cambiara un proyecto de ley con el fin de ocultar su riqueza privada al público. Según el diario, la monarca habría escondido acciones e inversiones personales hasta, al menos, 2011.
Los periodistas David Pegg y Rob Evans, que tuvieron acceso a los documentos, guardados en los Archivos Nacionales, informaron que un abogado de Isabel II presionó a los ministros para que modificaran el proyecto de ley, que entró en vigor en 1976, para evitar que salieran a la luz sus acciones en diversas empresas. Y lo logró. Después de que esto sucediera, el gobierno británico incluyó una cláusula a la ley que eximía que jefes de estado a hacer públicas las empresas en las que invertía a título personal.
“El acuerdo se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ocultó las participaciones e inversiones privadas de la reina hasta al menos 2011”, afirman los periodistas en su artículo para el mencionado diario.
El medio descubrió el hecho en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real británica de un procedimiento parlamentario conocido como el “consentimiento de la reina” y usado para “influir secretamente en las ley”, denuncia The Guardian.
Este mecanismo – explica el periódico- requiere que los ministros avisen a la reina si la legislación afecta o no los intereses privados de la corona. Sobre ciertos proyectos el consentimiento real es necesario para que el Parlamento pueda aprobar el proyecto.
Según la web de la Casa Real, se trata de una “convención establecida desde hace mucho tiempo” por la que el Parlamento pide a Su Majestad su aprobación para el debate de proyectos de ley que afecten a los “intereses de la Corona”.
The Guardian sugiere, teniendo en cuenta los documentos hallados en los Archivos Nacionales, que el proceso de consentimiento le ha permitido a Isabel II y a sus abogados presionar en secreto para lograr otros cambios legislativos.
El diario detalla cómo se negoció el cambio en la ley que el gobierno de Edward Heath tramitaba en 1973. Según los papeles, la reina temía que la iniciativa para brindar transparencia pudiera permitir al pueblo británico averiguar todo sobre sus finanzas. Para evitarlo, envió a uno de sus abogados para presionar al gobierno y que hiciera cambios.
Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co, fue el encargado de negociar. La iniciativa buscaba evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la adquisición de sus acciones a través de empresas fantasmas. En este marco, la norma pedía que se revelaran siempre las identidades de los posibles compradores.
El letrado transmitió la oposición de la reina porque entendía que una decisión como esta revelaría sus inversiones privadas y propuso que se hiciera una excepción con la monarca. El gobierno atendió su pedido e incluyó una cláusula que permitía que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas y así se evitaría saber de dónde procedía la fortuna de la reina. La administración de Heath no fue, sin embargo, quien lo convirtió en ley sino que lo hizo el gobierno laborista de Harold Wilson en 1976.
“Se cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna privada de la reina hasta., al menos, 2011″, señaló The Guardian que explica que la exención se concedió casi de inmediato a una empresa llamada Bank of England Nominees Limited operadas por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra. El diario además indicó que hace cuatro años la compañía cerró sin que quedara claro lo sucedido con las acciones que poseía y sin que nunca presentara cuentas públicas sobre sus actividades.
