Mantienen la orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa

Un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador resolvió este lunes mantener la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Rafael Correa, por su presunta vinculación al caso del intento de secuestro del político Fernando Balda.

El tribunal, conformado por los magistrados Marco Rodríguez, Luis Enríquez e Iván Saquicela, negó, de esta manera, la apelación que presentó la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Caupolicán Ochoa, a las medidas cautelares impuestas por la jueza Daniella Camacho contra Correa, que incluyen la prisión preventiva.

Camacho dictó la orden por solicitud del fiscal General encargado, Paúl Pérez, una vez que el exmandatario, quien reside desde el año pasado en Bélgica con su familia, no acudiera el lunes 2 de julio a la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito, capital de Ecuador, a iniciar su ciclo de presentaciones quincenales, como indicaba una medida cautelar anterior de la jueza.

El secuestro de Balda

Balda es un político ecuatoriano que se unió en 2006 a las filas de Alianza PAIS, partido fundado por Correa. Pero en 2008, por desacuerdos con la agrupación política, se separó y se alió al Partido Sociedad Patriótica (PSP), férreo opositor al gobierno del exmandatario.

En 2010, a Balda le fue dictada una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave, luego de una demanda que le inició el exadministrador de Seguros Sucre, Óscar Herrera Gilbert. Se le acusó por unas declaraciones vertidas en la televisión pública en 2008, en las que decía que en la administración de Herrera se cometieron varios delitos, como arrogación de funciones, trampa en procesos de seguros, tráfico de influencias y que existía una mafia interna.

Cuando se dictó esa condena, Balda ya se encontraba viviendo en Bogotá (Colombia), desde donde realizaba una férrea campaña de oposición contra Correa. En ese país, además, participó activamente en eventos de la Fundación Internacionalismo Democrático, presidida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe; situación que ha sido reconocida por el propio político.

Su intento de secuestro ocurrió el 13 de agosto de 2012, cuando el político ecuatoriano fue raptado en una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, luego que una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron a la fuerza.

Según la Fiscalía de Colombia, el secuestro duró aproximadamente una hora; porque un taxista que vio la escena llamó a la Policía y se inició de inmediato una persecución. Ante la insistencia policial, los captores abandonaron el vehículo con el secuestrado dentro y escaparon.

Balda responsabilizó de este acto al expresidente Correa. En declaraciones a la prensa en enero de este año dijo que el rapto «fue ordenado y ejecutado por el Ministerio del Interior, la Senain [Secretaría Nacional de Inteligencia] y altos mandos policiales» y que la «cadena de mando que ordenó y financió» ese secuestro «llega hasta el despacho del entonces presidente».

La deportación de Balda

Dos meses después del intento de secuestro, Balda fue deportado por las autoridades de Colombia.

El Departamento de Migración de ese país informó que recibió un pedido ecuatoriano para que fuera deportado, debido a que el exasambleísta tenía una sentencia condenatoria en su contra, la que le había sido dictada en 2010. Además, el político permanecía de forma irregular en Colombia desde el 5 de octubre del 2009.

Una vez en Ecuador, fue apresado para cumplir con la condena pendiente que tenía.

Caso abierto en Ecuador

Una vez que hubo un cambio de gobierno en Ecuador en 2017, y Correa entregó el mandato a Lenín Moreno, el tema comenzó a llenar los espacios de los medios de comunicación.

En noviembre del año pasado, Balda publicó un tuit donde decía: «Se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura Interpol a Rafael Correa».

Dos meses después, el 23 de enero de 2018, la Fiscalía General de Ecuador reabrió el caso del secuestro de Balda. El político fue llamado al Ministerio Público a reconocer su firma sobre la denuncia que interpuso.

Esto pese a que, como indica el abogado penalista Gonzalo Silva, en entrevista con Ecuador Inmediato, el caso ya había prescrito en agosto de 2017, luego de haber pasado cinco años desde que fue cometido y no haber sido juzgado en el país, como establece el Código Penal que regía en 2012.

Los elementos contra Correa

El fiscal Pérez, en junio de este año, presentó varios «elementos de convicción» contra Correa ante la jueza Camacho, que la magistrada acogió y con ello vinculó al exmandatario al caso Balda.

La mayoría de estos elementos son versiones de exfuncionarios, que en ninguna de sus declaraciones hacen referencia al secuestro en específico.

La jueza acogió esos elementos y vinculó a Correa al caso y la primera medida cautelar fue ordenarle, sabiendo que vive en Bélgica, que se presentara cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en Quito, a partir del 2 de julio.

El exmandatario, en lugar de ello, se presentó ante la sede del Consulado de Ecuador en Bélgica. Acto que fue tomado por la jueza como desacato a la medida cautelar y terminó con la orden de prisión preventiva contra el expresidente, que será extendida a la Interpol para su captura y extradición.

Correa denuncia ‘lawfare’

El expresidente Correa ha denunciado un caso de ‘lawfare’ o judicialización de la política en Ecuador; ha señalado que las autoridades que lo acusan han sido «puestas a dedo».

En concreto, el fiscal ‘encargado’ Paúl Pérez fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ente que integran miembros propuestos por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, luego de destituir a los antiguos miembros, que habían sido electos según lo establecido en la Constitución, mediante un concurso de méritos organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El titular del CPCCS Transitorio, César Truijllo, ha dicho públicamente que las decisiones del órgano «están a nivel» de la Constitución; y el fin de semana pasado declaró que su lucha «va a terminar dentro de unas pocas semanas», que se trata, a su criterio, de «la evaluación de aquellos que encabezaron un régimen de vergüenza para el pueblo ecuatoriano, el régimen de Rafael Correa».

Trujillo manifestó, además, a nivel de burla, que en la «cárcel de Cotopaxi», ubicada en la provincia homónima, dicen: «Ya tenemos presidente».

La designación de Pérez se hace luego que la Asamblea Nacional destituyera al fiscal Carlos Baca. El CPCCS Transitorio lo nombra pese a que el cargo ya lo había asumido, de acuerdo a la ley, Gen Rhea, quien estaba mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición de fiscales provinciales, efectuado en 2016. A la fecha el fiscal ‘encargado’ no ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional, como establecen las leyes locales.

Correa denunció, además, que la jueza Camacho «depende de un Consejo de la Judicatura también ‘encargado’ —repleto de enemigos políticos— nombrado inconstitucionalmente por Trujillo y el Consejo ‘transitorio'».