La justicia peruana prohibió este viernes salir del país por 18 meses al expresidente Martín Vizcarra por denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
«Se dicta impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra, la medida tendrá una duración de 18 meses», dijo la jueza María Álvarez en una audiencia judicial.
En la audiencia virtual, la magistrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente encontró fundado el peligro de fuga que argumentó el fiscal Germán Juárez, quien está a cargo de las pesquisas preliminares sobre los presuntos sobornos entregado a Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquega hace más de seis años.
El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, manifestó su conformidad con la medida, que se adoptó pese a que ya el jueves el exmandatario había entregado a las autoridades sus pasaportes como señal de que no tenía intenciones de viajar fuera del país.
Durante la audiencia, el fiscal también argumentó que la versión de Vizcarra de que las obras sobre las que se sospecha hubo una entrega de dinero ilegal fueron adjudicadas mediante la intervención de la Oficina de las Naciones Unidas de Desarrollo para Proyectos (UNOPS) no es cierta.
Minutos antes de la resolución judicial, Vizcarra declaró a los periodistas que estaba en desacuerdo con el pedido del fiscal Germán Juárez, pero que se allanaba a la solicitud.
Vizcarra: «No saldré del país, «no me voy a internar en una clínica»
«No saldré del país, «no me voy a internar en una clínica», «no voy a ir a una embajada», «menos me voy a autoeliminar», expresó Vizcarra, en clara alusión al exgobernante Alan García que se suicidó cuando un fiscal llegó a su casa con una orden de detención por los presuntos aportes recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.
Vizcarra, quien no ha reconocido el «sustento legal» de su destitución por el Congreso el pasado lunes, agregó que afrontará la investigación preliminar desde su domicilio en Lima.
El ex jefe de Estado explicó que no ha presentado ninguna medida cautelar contra el proceso legislativo que ordenó su destitución porque la que presentó en septiembre, en el primer intento de su vacancia, no fue admitida por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el tema de fondo sobre si el Congreso puede destituir a un mandatario por «incapacidad moral», como se aplicó en su caso, aún está por resolverse en el TC la próxima semana.
