José Pérez: “Estamos trabajando como Gobierno por el derecho a la salud y a la vida”

El asesor jurídico de presidencia, José Ángel Pérez, aseguró que todo decreto y acción que emite el Presidente Nayib Bukele Ortez cuenta con un respaldo legal que asegura su cumplimiento sin caer en ningún tipo de inconstitucionalidad.

Según el funcionario, es la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para declarar el Estado de Emergencia Nacional, cuya finalidad es proteger la salud y la vida de los salvadoreños, son los respaldos legales que respaldan el decreto 18 emitido el pasado fin de semana.

“El ejercicio de la potestad constitucional que hizo el señor presidente, y basado en una Ley secundaria como lo es la Ley de protección civil, brinda total legitimidad al decreto que ha sido emitido por él, (Presidente Bukele)” aseguró Pérez, agregando que la Asamblea Legislativa no podría afectar en esta decisión, “la validez o no de lo que el señor presidente ha realizado no depende por si misma de lo que pueda disponer este día la Asamblea Legislativa”.

Ante el anuncio del decreto 18 que emitió el ejecutivo por medio del gabinete de salud el pasado fin de semana, donde ampliaba el estado de emergencia para el país por 30 días más, diferentes sectores reaccionaron, alegando desde actos de inconstitucionalidad hasta usurpación de potestades, sin embargo, el asesor jurídico recalcó que es la Sala de lo Constitucional la única que pueda admitir la inconstitucionalidad en los decretos presidenciales y legislativos.

“Todas las normativas que son emitidas en el ejercicio de sus respectivas potestades y facultades por las autoridades públicas gozan de 2 presunciones, la de constitucionalidad y la de legalidad” afirmó Pérez, agregó el ente que puede “desvirtuar” dichas presunciones “éstas solo pueden ser desvirtuadas cuando ante el planteamiento de una demanda al final la Sala de lo Constitucional declara que existe o no una inconstitucionalidad”, puntualizó el asesor jurídico, del presidente Nayib Bukele.

El fiscal general de la república, Raúl Melara, presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Sala, para que se evaluara el decreto 18 que emitió el ejecutivo, no obstante, Pérez aseguró que todas las acciones que las instituciones públicas no deberían ser obstáculos en los plantes de acción para evitar la proliferación de la pandemia.

“No solo por el hecho que el señor Fiscal haya señalado que iba a plantear esta demanda que persé la normativa quede sin efecto, de ninguna manera”, detalló el funcionario, asimismo, hizo la aclaración sobre el poder de la Sala de lo Constitucional frente a los decretos presidenciales

“Solo los pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional son los que pueden poner en tela de juicio en su momento, o declarar inconstitucionales algunas disposiciones, no el planteamiento de una demanda por parte del Fiscal”.

El estado de emergencia le permite al ejecutivo realizar compras directas de manera más rápida para proveer de equipo médico a todo el personal que está en primera fila atendiendo el plan de la pandemia, todas estas compras se rigen para la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Administración Pública (LACAP), todo tipo de compra está siendo auditada por las instituciones competentes.

“Han habido evoluciones grandes en las normativas para estas instituciones que fiscalizan los ejecución de los fondos públicos, evolución que lo que ha ido marcando es en darles más herramientas a estas entidades para que puedan realizar bien su labor” agregó que toda compra en estado de emergencia debe ir encaminada en materiales o insumos que sirvan para combatir la pandemia de COVID 19.

Frente a detractores de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno, el asesor jurídico sostuvo que «la mayor parte la población está consciente que tenemos que prevenir el contagio de este virus y para eso debemos estar en resguardo domiciliar». También agregó, que «debemos tomar conciencia como salvadoreños, que estamos trabajando como Gobierno por el derecho a la salud y a la vida».