El FMI presta 3.483 millones de dólares a 11 países de América Latina, entre ellos El Salvador

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó préstamos por 3.483 millones de dólares a 11 de los 17 países de América Latina y el Caribe que le han solicitado créditos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, entre el 15 de abril y el 1 de Mayo fueron aprobados préstamos a Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía.

El menor monto correspondió a Dominica, con 14 millones de dólares, mientras que el más alto, de 650 millones de dólares, fue para República Dominicana, pero las líneas de crédito permanecen abiertas porque hay otros países que las han solicitado.

En el caso de Jamaica, su petición se evaluará en la reunión que la Junta Ejecutiva del FMI sostendrá el próximo viernes, mientras que están pendientes los trámites de Colombia, que solicitó 11.000 millones de dólares, mismo monto que pide Perú. Honduras, en tanto, solicitó 340 millones de dólares.

Hasta ahora, el organismo solo les ha negado financiamiento de emergencia a Venezuela y Nicaragua.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares, pero el organismo no se lo otorgó con el argumento de que hay una «confusión» sobre quién encabeza el gobierno, ya que algunos países reconocen al autoproclamado Juan Guaidó. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por su parte, solicitó 470 millones de dólares, pero las autoridades del FMI lo rechazaron al considerar que estaba haciendo un «mal manejo» de la crisis.

¿Cuáles son las condiciones?
Con el resto de los países, el Fondo ha recurrido a dos herramientas de emergencia. Una es el Mecanismo de Crédito Rápido, conocido como RFC por sus siglas en inglés, y que presta asistencia inmediata con condiciones limitadas a Estados de bajos ingresos que tienen necesidades urgentes de equilibrar su balanza de pagos. La segunda es el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI), que tiene los mismos objetivos, pero para todos los países miembros del organismo. En ambos casos se flexibilizan los créditos sin que ello implique revisiones de las políticas económicas de los beneficiarios, que sí se aplican en otros tipos de deuda.

En América Latina obtuvieron los préstamos a través del RFC Dominica, Granada, Haití y Santa Lucía, mientras que a Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay se les adjudicaron a través del RFI. En todos los casos, el FMI autorizó los desembolsos para paliar la emergencia sanitaria y reconoció las políticas sociales aplicadas hasta ahora por los gobiernos, pero advirtió que, en la etapa pospandemia, se deberán repetir las añejas recetas de ajuste del gasto público.

Exigencias para cuando pase la crisis
El primer país beneficiado con un préstamo del FMI debido a la pandemia fue El Salvador, ya que el 14 de abril se autorizó un crédito de 389 millones de dólares. Al anunciar la medida, Mitsuhiro Furusawa, subdirector gerente del organismo, reconoció que la necesidad de incrementar el déficit presupuestario para preservar la salud pública y contener el impacto económico del coronavirus, pero solo de manera eventual.

«La estabilidad macroeconómica debe preservarse permitiendo que estas medidas temporales caduquen el próximo año, una vez que termine la pandemia, y comprometiéndose con un ajuste fiscal gradual a partir de 2021. Dicha estrategia debería apuntar a un saldo fiscal primario del 3,5 % del PIB para fines de 2024 y poner la deuda pública en una senda firmemente decreciente para alcanzar el 60 % del PIB para 2030», dijo.

El 16 de abril, Panamá recibió un crédito por 515 millones. El organismo reconoció que las perspectivas macroeconómicas de este país habían cambiado debido a la pandemia hasta abrir una brecha en la balanza de pagos estimada en 3.700 millones de dólares. En ese momento, Furusawa reiteró que cuando termine la emergencia habrá que modificar el gasto público.

«Volver a un ajuste gradual una vez que la pandemia retroceda aseguraría que la relación deuda pública / PIB se mantenga en un camino sostenible (…) Las respuestas políticas y las medidas macroprudenciales tendrían que recalibrarse a medida que evoluciona la situación», señaló.

Bolivia recibió el 17 de abril un préstamo por 320 millones de dólares que había solicitado el gobierno de la autoproclamada presidenta Janine Añez. El crédito avanzó sin comentario alguno por parte del FMI a la anómala situación que hay en un país en donde el año pasado hubo un golpe de Estado que terminó con el gobierno de Evo Morales, el expresidente que jamás quiso solicitar deuda al organismo. Las elecciones para recuperar el sistema democrático estaban previstas para el 3 de mayo, pero se postergaron al 20 de junio debido a la pandemia.

Al avalar el financiamiento, Furusawa aseguró que la respuesta de Bolivia a la crisis sanitaria ha sido «oportuna, bien focalizada y apropiada» y confió en la determinación del gobierno para «garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda» una vez que haya pasado la emergencia.

Ese mismo día se autorizó un préstamo de 111,6 millones de dólares para Haití, el país más pobre de la región, que padece una caída brusca de sus remesas y una reducción de sus exportaciones textiles a raíz de la pandemia. Este es el único caso en el que el FMI anunció de manera explícita que auditará los recursos y aludió de manera directa a la corrupción del gobierno de Jovenel Moïse.

Para garantizar el uso apropiado del financiamiento de emergencia, las autoridades deben preparar informes mensuales de ejecución del presupuesto sobre los gastos de Covid-19 y llevar a cabo una auditoría financiera y operativa (…) el FMI tiene la intención de seguir apoyando a Haití a través de un programa supervisado por el personal para ayudar a comenzar el proceso de restaurar la estabilidad y la sostenibilidad macroeconómicas, construir una mejor red de seguridad social y abordar las debilidades y la corrupción de la gobernanza», expresó Tao Zhang, director general adjunto del organismo.

El 21 de abril, Paraguay recibió un crédito por 274 millones de dólares. El FMI lamentó que la pandemia haya interrumpido la recuperación económica que se preveía este año en ese país. Ahora, en cambio, la recesión proyectada es del 1,0 % y el déficit fiscal, del 4,5 % del PIB.

«Una vez que la crisis disminuya, será necesario reducir el déficit presupuestario y Paraguay debería restablecer su regla fiscal, que ha anclado con éxito la estabilidad macroeconómica en los últimos cinco años», advirtió Furusawa.

Una semana después, el 28 de abril, el FMI avaló el préstamo de 65,6 millones de dólares para Dominica, Granada y Santa Lucía, países caribeños que, por sus dimensiones, son vulnerables a las crisis y cuyas economías dependen del turismo que quedó paralizado con la pandemia. Al otorgar el financiamiento, el organismo advirtió que estas naciones se habían comprometido a cumplir con el objetivo de que la deuda regional represente el 60 % del PIB para 2030, por lo que tendrán que aplicar las políticas de ajuste una vez que pase la crisis.

Costa Rica obtuvo financiamiento por 504 millones de dólares el 29 de abril. El FMI destacó en un comunicado la relajación temporal de los límites de gasto bajo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la política monetaria y el tipo de cambio flexible aplicados por el gobierno de Carlos Álvaro Quesada. Furusawa admitió, de nuevo, que las necesidades médicas, sociales y económicas importantes e inmediatas provocadas por la crisis requieren ahora un mayor gasto fiscal, pero reiteró que habrá que revertirlas en cuanto se disipe la crisis de salud.

En esa misma fecha se confirmó el préstamo por 650 millones de dólares para República Dominicana, país que a raíz de esta emergencia debilitó sus perspectivas macroeconómicas. Zhang precisó entonces que, una vez que la pandemia retroceda, «será importante volver a una consolidación fiscal gradual, incluido el establecimiento de un marco fiscal a mediano plazo, para garantizar que la relación entre la deuda pública y el PIB se mantenga sostenible y en una senda en declive».

El 1 de mayo fue el turno de Ecuador, país que recibió asistencia por 469,7 millones de dólares. Al anunciar el préstamo, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que la pandemia y la fuerte caída de los precios del petróleo plantearon un gran desafío para la economía ecuatoriana y generaron importantes restricciones financieras, ya que es uno de los mayores exportadores de crudo de América Latina.

«Las autoridades se comprometen a abordar los riesgos para la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Con este fin, han tomado algunas medidas iniciales sustanciales, incluida la participación con acreedores del sector privado en una operación de deuda», destacó el FMI, al explicar el compromiso del presidente Lenín Moreno para garantizar la sostenibilidad de la deuda global del país y buscar una reestructuración en el mediano plazo.