La República se resquebraja

Por: Francisco José Ferman (*)

En El Salvador, el Estado de Derecho, es decir la consecuencia directa del cumplimiento del ordenamiento jurídico, universalmente aceptado y cuyo cuerpo visible es la Constitución de la República, única garantía del equilibrado, pacífico y próspero funcionamiento de la sociedad, se resquebraja. El proceso ya comenzó y amenaza con ir progresivamente aumentando las presiones que llevarían al país al rompimiento del orden político, ya iniciado y que de no ser corregido ahora, desembocaría de manera inevitable, en la catástrofe económica y el estallido social.

En lo político, vemos cómo de manera inequívoca la institucionalidad, es decir, el orden que la Constitución establece para que cada uno los órganos del Estado mantenga la posición que les otorga y cuyas funciones y autoridad ordena y limita, se ha roto. La ruptura se produjo con la militarización de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele, se toma el centro del poder popular, en el Salón Azul, desde donde amenaza con disolver al Órgano representativo del pueblo. Se justificó diciendo que tenía el derecho de actuar unilateralmente, porque los intereses del pueblo están por encima de cualquier consideración política o jurídica.

El presidente de la República no tiene derechos, solo funciones, atribuciones y límites que le impone el mandato constitucional. Puede equivocarse en el ejercicio de estas facultades, pero estas no le dan discrecionalidad para actuar. Más adelante, Bukele rehúsa acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, los cuales son, por naturaleza, inapelables. Son indiscutibles y de obligatorio cumplimiento. Es este otro desacato a la Carta Magna que muestra el paso del presidente por el escabroso sendero del desgobierno o mala gestión que le lleva, de manera irreversible, al delito de desobediencia y otros conexos.

Por otra parte, el presidente ha empoderado sin base legal alguna, a los alcaldes, a quienes con el pretexto de la pandemia del covid-19, otorga facultades que no aparecen reguladas en el Código Municipal ni en la Ley Fundamental. Los alcaldes están imponiendo es sus municipios, toques de queda, cercos militares que nada tienen que ver con medidas sanitarias que sólo corresponden a profesionales de la medicina y la enfermería, faltas, cuando no delitos, por los que eventualmente tendrán que responder los concejos respectivos.

Estamos, aquí frente a una evidente irracionalidad en el ejercicio del poder, frente a una conducta eminentemente personal que obedece solo a la voluntad de un sujeto sin respaldo legal alguno. Algo semejante a la actitud del Ministro de la Defensa, que se debe por juramento a la salvaguarda de la República y no a la persona del presidente, al desconocer la autoridad el Fiscal General de la República. Esto significa que sigue la política presidencial de destruir las bases constitucionales de una democracia que, desde la firma de los acuerdos políticos de 1992, le ha costado tanto sufrimiento y sangre a los salvadoreños.

Como consecuencia ineludible de estos y otros actos de desgobierno de la administración Bukele, de no corregir rumbo, se aproxima una aguda crisis económica cuando los acreedores particulares, entre ellos los arrendantes, los almacenes, las tarjetas de crédito, los que suministran los servicios de agua luz, los agiotistas comiencen a cobrar y las empresas cierren operaciones y  la gente sin empleos y, por ende sin ingresos, no tenga con qué pagar.

De allí en adelante, cuando falte la comida, solo habrá un paso para que se produzca el estallido social. La mecha aún no está encendida, pero ya falta poco: El gobierno tiene las armas en la calle, solo le restaría comenzar a disparar.

(*) Abogado de la República