Rusia se plantea su permanencia en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y tomará la decisión final “antes de noviembre”, según ha explicado una fuente diplomática, después de que esta semana se aprobase un borrador británico que permitirá a este organismo señalar a los perpetradores de ataques químicos.
La Conferencia de Estados Partes anual de la OPAQ, con sede en La Haya, está programada para finales de ese mes y se prevé que su próximo director general, el español Fernando Arias, explique en ella sus propuestas para implementar el nuevo mecanismo que identificará a los causantes de ataques prohibidos en países como Siria.
Sin embargo, Rusia no esperará hasta esa fecha para decidir si continúa formando parte de la organización, tras acusarla de estar politizada y poner en duda la veracidad de su trabajo técnico.
La respuesta de Moscú “será meditada, equilibrada y tendrá muy en cuenta el interés nacional de Rusia”, dijo esta semana su embajador en Holanda, Alexander Spaq hulgin, avisando de que “todas las opciones están sobre la mesa”.”Nada será como antes. La organización ha sufrido una seria grieta y no sé si seremos capaces de prevenir su colapso total”, concluyó Shulgin.
La Conferencia Especial celebrada esta semana en La Haya sacó adelante la propuesta británica con 82 votos a favor y 24 en contra, superando la mayoría de dos tercios exigida.
Según el diplomático, los países occidentales “chantajearon a sus aliados más cercanos” y “les pagaron habitaciones de hotel y restaurantes” a delegaciones de islas-nación del Pacífico para garantizar su presencia y apoyos en la votación.
Rusia, aliado del Gobierno de Al Assad en la guerra de Siria, defiende que la atribución de ataques químicos dependa en última instancia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene derecho a veto. El borrador establece que la OPAQ recuperará la misión que tenía el JIM, un mecanismo conjunto entre esta organización y la ONU que, entre agosto de 2015 y noviembre de 2017, atribuyó ataques con armas químicas tanto a las fuerzas militares sirias como al grupo terrorista ISIS.
Una vez puesto en marcha, el nuevo mecanismo podrá atribuir responsabilidades no solo de incidentes futuros, sino en los posteriores a noviembre de 2017, como el supuestamente ocurrido en Duma el 7 de abril.
Estados Unidos, Reino Unido y Francia acusaron al Gobierno de Al Assad de usar armas químicas en ese ataque y, una semana después, bombardearon las ciudades sirias de Damasco y Homs, a pesar de que la OPAQ aún no ha hecho público el informe que lo analiza.
No obstante, Rusia ha arrojado dudas sobre el trabajo técnico que ha llevado a cabo la OPAQ en el último año.
El teniente general ruso Igor Kirillov criticó esta semana que sus investigadores “no acudieran personalmente” a lugares en Siria donde se han producido ataques con armas químicas y acusó a la organización de “falta de profesionalidad” al aceptar muestras recolectadas por la Defensa Civil Siria, también conocidos como Casco Blancos.
Moscú asegura que esta ONG, financiada con fondos de países occidentales, ha podido manipular las muestras y ha escenificado ataques con armas prohibidas para culpar después al Gobierno sirio de su uso. Si Rusia se retirase de la OPAQ sería el primer país en hacerlo y rompería con la tendencia de su universalización, ya que sólo tres Estados (Corea del Norte, Israel y Egipto) no forman aún parte de la organización.
La Convención sobre las Armas Químicas, documento fundacional de la OPAQ, prevé que, si un Estado Parte deja de serlo, debe avisar con 90 días de antelación.
Fuentes diplomáticas occidentales han reconocido que “no se puede descartar” este escenario, pero valoraron la aprobación del borrador británico y rechazaron que “un debate fuerte, como el de esta semana, dañe el futuro de la organización”.
Agencia EFE, Diario La Vanguardia y Clarín.
