Los agentes Franklin Menjívar Ortega, Miguel Alfaro Cartagena y Godofredo Alas Landaverde, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron denunciados ante la Inspectoría General de Seguridad Pública por presuntos actos ilegales, extorsión y actos arbitrarios durante procedimientos de investigación.
La victima que interpuso la denuncia afirma haber sido vinculado a una causa penal de estafa, alegando que los investigadores montaron un caso de investigación manipulando e inventando pruebas bajo motivaciones de interés económico, con lo que estarían incurriendo en delitos como soborno.
La historia inició cuando el Señor Arturo Portillo, del domicilio de San Ignacio, Chalatenango vendió un terreno para costear servicios de defensa penal por el caso de su hijo Luis Portillo, quien en ese momento guardaba prisión por delitos de tráfico de drogas.
Cuando El Señor Luis Portillo sale de prisión por cumplimiento de pena se propone recuperar el terreno que su padre vendió.
Es así como inicia un proceso penal contra el comprador, y según el denunciante, el señor Luis Portillo acuerda con los investigadores que, de ganar el caso, les entregará dos manzanas de tierra como pago por sus gestiones y por convencer a los fiscales del caso para que la investigación tome el rumbo que favorezca sus intereses. Para el denunciante, los tribunales deben restar credibilidad a la investigación por vicios de proceso.
El caso aún no se ha resuelto en los tribunales y la victima considera que a pesar de que el gobierno hace un gran esfuerzo por invertir para que la corporación policial tenga las mejores condiciones salariales y de equipamiento, aun así, hay elementos corruptos que deben ser separados de la institución.
La victima afirma que el Gobierno debe seguir “protegiendo y reivindicando a los buenos agentes” como hasta ahora lo ha hecho, pero también debe castigar a los corruptos.
Por otra parte, dijo, que esta lucha contra la corrupción se debe sumar la Fiscalía General de la República (FGR). “El Estado les está pagando un salario a estas personas para que investiguen bajo el principio de imparcialidad” expresa la víctima en su denuncia, quien, además, mostró preocupación por su seguridad y responsabiliza a estos agentes por posibles atentados a su integridad física.
