OEA alertó de una “alteración del orden constitucional” en Nicaragua por violación de los DD.HH

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha alertado este martes de la existencia de una “alteración del orden constitucional” en Nicaragua y ha señalado la “crítica” situación que atraviesa el país en materia de Derechos Humanos.

En el informe final de la comisión especial creada por el Consejo Permanente de la organización para abordar la crisis nigaragüense desatada en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social, la OEA ha recomendado que se convoque de forma “inmediata” un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para revisar el documento y adoptar las medidas necesarias.

“La Comisión opina que la grave y continua violación de Derechos Humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, ha advertido la OEA.

El texto, que indica que “la protección de los derechos, los principios democráticos y la separación de poderes garantizados en la Constitución de 1987 es una responsabilidad esencial del Gobierno de ese país”, sostiene que esta es “su razón de ser, como garante del orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho”, además de constituir “la expresión de la libre voluntad de su pueblo”.

En este sentido, la organización ha asegurado que se han identificado un “grave y constante patrón de acoso e intimidación a cualquier forma de oposición al Gobierno, en particular, los profesionales de la salud, periodistas, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, presos políticos liberados y manifestantes”.

Así, ha recalcado que “estos casos de acoso e intimidación son continuos, más insidiosos, con el afán de crear un clima de temor” y ha acusado al régimen de Daniel Ortega, de establecer medidas que “restringen los derechos políticos de sus ciudadanos”.

“Además de denegar permisos para reuniones pacíficas, la Policía Nacional ha hostigado e intimidado a quienes participan en manifestaciones espontáneas”, afirma el documento, que condena un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

Violación de la libertad de prensa

Según la OEA, desde el comienzo de la crisis el régimen ha reprimido sistemáticamente las libertades de prensa y expresión. Mediante la interrupción de las emisiones, los registros en oficinas de agencias y periódicos y la incautación de bienes y equipos, el régimen habría incurrido en claras violaciones de las libertades de prensa y expresión.

Por otra parte y siguiendo la línea del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que determinó que había pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos contra manifestantes y miembros de la oposición en el país, la OEA ha denunciado el trato inhumano y la detención de arbitraria en el marco de las protestas.

“La falta de libertades en el país es grave, pues genera una situación crítica en lo que respecta a las libertades civiles y políticas, que deben ser restablecidas a fin de restablecer el Estado de derecho”, insiste la organización, que pide el “restablecimiento de las libertades en el país, como las cercenadas libertades civiles y políticas” de forma urgente.

“La Comisión insta al Estado de Nicaragua a actuar en consecuencia, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y el derecho a protestar”, sostiene el texto, que considera “imprescindible y urgente” llevar a cabo reformas institucionales para el “restablecimiento del sistema democrático”.

La OEA concluye, pues, que Nicaragua se ha convertido en un “Estado cooptado e incompatible con el Estado de Derecho” debido a “los mecanismos de control y subordinación que el régimen de Ortega ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral”.

Además, ha recalcado que los elementos esenciales de la democracia representativa como el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales, así como la separación e independencia de los poderes del Estado se encuentran “ausentes” en la actualidad en Nicaragua.

Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social pero crecieron rápidamente hasta reclamar la “democratización” del país. Más de 300 personas murieron por la represión de militares y policías. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendó procesar a Ortega por delitos de lesa humanidad.

La ola de violencia ha golpeado la economía del país, donde algunos de sus funcionarios –incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo– han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.