Instalan audiencia preliminar contra empresarios José Adán Salazar y Juan Samayoa por lavado de dinero

El juzgado Cuarto de Instrucción instaló audiencia preliminar contra el empresario José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán, Juan Samayoa y siete imputados más, todos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y activos.

Los otros imputados son identificados como Sara Paz Martínez, Susana Nohemí Salazar, Romelia Guerra Argueta, Wilfredo Guerra Umaña, José Adán Salazar, Transito Ruth Mira y Mirian Haydee Salazar.

Se presume que la la audiencia tenga una duración de dos semanas por la abundancia de folios y tiempo que tendrán las partes para que expongan sus alegados de cargo y descargo.

Se informó, que durante el desarrollo de la misma solamente van a estar las partes procesales, según lo basado en el artículo 22 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos: «Toda información que se obtenga en la investigación del delito del lavado de dinero y activos será confidencial, salvo que sea requerida conforme a la ley, o en la investigación de otro delito».

Este proceso es uno de los más voluminosos que se han ventilado en los juzgados del país, con un aproximado de 2,729 piezas y que contiene 200 folios cada una, que es el resultado de la recolección de pruebas de cargo y descargo.

El requerimiento fiscal fue presentado el 7 de abril del 2017 y en el mismo, el ministerio público los acusó de formar una estructura que supuestamente lavó más de 200 millones de dólares, entre los años 2003 y el 2015 por medio de varias modalidades entre estas compras de inmuebles a precios bajos, como también la adquisiciones de créditos que cancelaban en corto tiempo y crearon sociedades, que según la FGR eran de fachada.

Se presume que obtenían multiplicidad de productos financieros por lo que el ministerio público expone que estratificaban sus operaciones en diferentes cuentas, que luego en su mayoría han dejado con saldo cero.

Los imputados aseguran ser inocentes de los delitos que se les acusan y esperan que en esta etapa del proceso el caso quede aclarado, para que recuperen su plena libertad y puedan recuperar su patrimonio.