EE.UU. sanciona a Raúl Castro y sus familiares por violaciones de los derechos humanos

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó que la Casa Blanca dispuso nuevas sanciones para Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su presunta participación en «graves violaciones a los derechos humanos». Asimismo, aquella medida impuesta por Washington también alcanza a sus cuatro hijos: Alejandro, Deborah, Mariela y Nilsa.

En concreto, el secretario general del Partido Comunista de Cuba (PCC) es señalado por supervisar un aparente «sistema arbitrario de detención de miles de cubanos». Sobre ello, el político norteamericano sostuvo que actualmente se mantienen «más de 100 presos políticos» en la nación caribeña.

«Son responsables de la crisis en Cuba y Venezuela»
Pompeo destacó que esta determinación también se debe a las relaciones que La Habana sostiene con Caracas (Venezuela), «apoyando al régimen de Maduro con violencia, intimidación y represión».

Asimismo, subrayó que Castro, al frente de las Fuerzas Armadas cubanas, habría participado «con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro» en presuntas tareas represivas. Según el funcionario estadounidense, «miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en Venezuela incluso en casos de tortura».

El secretario de Estado de EE.UU. también anunció la medida desde su cuenta de Twitter, afirmando que «el desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar al antiguo régimen de Maduro son responsables de las crisis en curso en Cuba y Venezuela».

Escalada de sanciones
En los últimos meses la presión sobre el Gobierno cubano se ha incrementado debido a que Washington ha amenazado en distintas oportunidades con endurecer cada vez más las medidas punitivas contra ese país por sus relaciones de cooperación con Venezuela.

Las más recientes acciones punitivas, que han ido en escalada, fueron anunciadas el pasado martes por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que informó sobre la inclusión en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.

Días antes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció la expulsión de dos diplomáticos de la Misión ante Naciones Unidas (ONU) por parte del Gobierno estadounidense como parte de una «escalada diplomática» para «endurecer aún más el bloqueo» que mantiene EE.UU. sobre la isla desde hace más de 50 años.

A mediados de septiembre, Trump anunció que extendía por un año más las restrucciones comerciales contra el país caribeño, mientras que dos semanas antes el Departamento del Tesoro modificó el Reglamento de Control de Activos de Cuba para limitar el monto de remesas y las transacciones bancarias.

A principios de junio, Washington aprobó nuevas restricciones contra La Habana, prohibiendo los viajes grupales educativos a la isla y cancelando las autorizaciones para barcos de recreo y de pasajeros, incluidos los cruceros y los yates, así como para aviones privados.

Semanas antes entró en vigor la totalidad de la llamada ‘Ley Helms-Burton’, que permite que ciudadanos cuyas tierras fueron expropiadas durante la Revolución cubana realicen demandas en la Justicia estadounidense.