En menos de un año y medio, el presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta la cuarta huelga (dos de ellas de alcance nacional en 2018), de las organizaciones cívicas y opositoras que protestan contra su habilitación y la del vicepresidente Alvaro García Linera a las elecciones generales del 20 de octubre.
Una vez más el Comité pro Santa Cruz encabeza las movilizaciones este martes en el centro económico del país, que se paraliza y que asume con esa medida de presión una pérdida económica calculada en 30 a 40 millones de dólares.
Pese al rechazo de algunas organizaciones afines al Gobierno, como sectores de comerciantes y de transportistas, además de los alcaldes del MAS en las provincias cruceñas, el paro comenzó a la medianoche con bloqueos de calles por parte de ciudadanos y de las carreteras del departamento que aporta un 30 por ciento del Producto Interno Bruto de Bolivia.
Horas antes del inicio de las movilizaciones en Santa Cruz, el Consejo Nacional de la Democracia (Conalde) y dirigentes de los comités cívicos de seis de las nueve regiones del país anunciaron su respaldo a las movilizaciones cruceñas y decidieron, en una reunión realizada este lunes en La Paz, continuar luego con otro paro de alcance nacional. La fecha está pendiente y se definirá en una comisión.
Con las movilizaciones que comenzaron en la madrugada, los cívicos y los opositores a Evo Morales pretenden la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que, una vez que se eligan nuevas autoridades, sean éstas las que decidan la inhabilitación de las candidaturas de Evo Morales y de Alvaro García Linera para la elección del 20 de octubre.
Sin embargo, tanto el binomio oficialista como los integrantes del TSE afirmaron que no existe ninguna razón que los lleve a retroceder o a dejar sus cargos.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, propuso que su región inicie las medidas de presión y que se la aplique en forma escalonada cada semana en los otros departamentos. Sin embargo, conjuntamente con el Conalde, los cívicos decidieron convocar a un solo paro nacional, con la fecha que será definida por una comisión.
A las 00:00 de este martes fue el líder cívico de Santa Cruz quien dio inicio al paro en las calles y avenidas de la región, en compañía de sus seguidores y de tres de los candidatos a la Presidencia del Estado por la oposición: el hasta ahora segundo en las encuestas, Carlos de Mesa; el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, de origen indígena; y Óscar Ortiz.
La presencia de postulantes opositores en la movilización ha derivado en la acusación del Gobierno al Comité pro Santa Cruz de ser una «casa de campaña» de los políticos rivales de Evo Morales.
Sin embargo, el dirigente cívico Luis Fernando Camacho aseguró que la protesta no obedece a razones partidarias, sino que es mayormente ciudadana, pero que está también abierta a las fuerzas opositoras y todos los sectores que defiendan el voto y la democracia.
De acuerdo al cálculo de Camacho, más del 95 por ciento de las personas y organizaciones apoyan el paro, mientras que el otro 5 por ciento incluye solo a sectores minoritarios que están con el MAS, a los que respeta en su decisión de no parar.
Aseguró que existe unidad plena de los sectores e instituciones de Santa Cruz para acatar el paro. «No hubo necesidad de gestionar el respaldo de todos, ya que cada uno hizo su pronunciamiento», recalcó.
A pocas horas del inicio de la protesta, tanto la Gobernación cruceña como la Alcaldía y la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz manifestaron que acatarán la medida. Los empresarios, que no son partidarios de los paros por las pérdidas que provocan, expresaron en un comunicado que, a pesar del daño de no trabajar, asumen la convocatoria de la Asamblea de la Cruceñidad.
Entre la crítica y la prudencia
Mientras el ministro de Justicia, Héctor Arce, considera que el paro de los cívicos no tiene sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que su posición es la de garantizar las movilizaciones de este martes en Santa Cruz pero se debe procurar que no haya violencia. «No vamos a movilizar a la Policía para reprimir el paro. La actitud será pasiva, de alerta, y si surge algún problema se agotará el recurso de la disuasión», explicó.
Hay sectores allegados al MAS que anunciaron que saldrán a las calles a trabajar, lo que hace temer que puedan haber enfrentamientos entre civiles.
La protesta de los sectores cívicos y de las fuerzas opositoras se da desde el año pasado porque Evo Morales y Alvaro García Linera insisten en postularse a una nueva reelección pese a que perdieron el referéndum del 21 de febrero de 2016, con lo que debían quedar inhabilitados.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, primero, y el Tribunal Electoral, después, avalaron ambas candidaturas, pese a la votación adversa que impide reformar la Constitución para una nueva reelección.
